El principio de separación e independencia de los poderes públicos constituye un pilar fundamental del Estado de derecho y la democracia constitucional. En Paraguay, la vigencia de este principio, especialmente en lo que se refiere a la independencia del Poder Judicial, se encuentra bajo un severo escrutinio público. Un evento reciente ha generado un profundo debate nacional, poniendo en evidencia una crisis institucional que trasciende lo político para impactar directamente en la estabilidad económica del país.
Este evento –la reunión secreta mantenida entre ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República y probablemente el líder de un partido político– se manifiesta como un síntoma grave de la inseguridad jurídica en Paraguay. Dicha situación, al erosionar la confianza en las instituciones, disuade la inversión, dificulta el desarrollo económico sostenible y perpetúa un ciclo de desconfianza que afecta a la ciudadanía.
La justificación oficial proporcionada por varios integrantes de la Corte sobre los motivos de la reunión –asuntos presupuestarios y administrativos– fue cuestionada jurídicamente. Como señalaron varios referentes, el presupuesto nacional se discute y aprueba en el Congreso, no en reuniones bilaterales y secretas con el Ejecutivo.
Según algunos juristas, no se trató de un diálogo interpoderes, legítimo y necesario en una democracia, sino de la creación de un canal de comunicación opaco y extrainstitucional que subordina simbólica y prácticamente a la máxima instancia judicial ante un poder político y económico. Desde algunos sectores, incluso pidieron la renuncia de los ministros involucrados, argumentando que habían quebrantado el equilibrio republicano y que el país enfrentaba una regresión autoritaria.
Para otros referentes, la reunión fue “normal”, con lo que se normaliza la opacidad, percepción que contrasta con el clamor social y revela una brecha profunda entre la élite judicial y las expectativas ciudadanas de transparencia.
La inseguridad jurídica es un veneno para el desarrollo económico. El caso de la reunión secreta opera como un impulso a esta percepción, con consecuencias que, aunque a veces imperceptibles a corto plazo, son negativas para la economía. A largo plazo, estas consecuencias se terminan observando en los bajos niveles de inversión y en un crecimiento económico de baja calidad.
Inversionistas nacionales y extranjeros requieren predictibilidad legal para comprometer capital a largo plazo. Un Poder Judicial cuya independencia es percibida como comprometida por acuerdos políticos genera un riesgo sistémico inaceptable. Los inversionistas temen que los contratos no sean cumplidos que las disputas comerciales se resuelvan por influencia política y no por derecho, y que el favoritismo esté por encima de la competencia. Esto conduce a la fuga de capitales, la cancelación o postergación de proyectos y una preferencia por inversiones especulativas de corto plazo sobre aquellas productivas de largo aliento.
La desconfianza en el sistema judicial obliga a las empresas a incurrir en costos adicionales para mitigar riesgos. Esto incluye la contratación de seguros, la sobreinversión en asesoría jurídica para estructurar contratos y la reticencia a innovar o expandirse por miedo a litigios arbitrarios. La pequeña y mediana empresa, con menos recursos para protegerse, es la más afectada, limitando la creación de empleo y la dinamización económica.
Cuando el sistema formal es percibido como injusto o capturado, los actores económicos tienden a operar en la informalidad para evitar la interacción con el Estado. Paralelamente, la percepción de que las decisiones judiciales son transables incentiva la corrupción como un “mecanismo” para obtener resultados.
Paraguay se encuentra así en una encrucijada; puede normalizar la opacidad y la sumisión del Poder Judicial al poder político, condenándose a un ciclo de desconfianza y estancamiento económico o puede emprender una reforma genuina, transparente y profunda que restablezca la independencia judicial como bien público fundamental. El camino elegido definirá no solo la calidad de su democracia, sino también las posibilidades de prosperidad para todos sus ciudadanos.
