El Instituto de Previsión Social (IPS) es una institución en permanente crisis. Ciertamente es complejo el servicio que presta y más aún porque en los últimos años ha ido recibiendo más asegurados. Nada de esto, sin embargo, justifica la situación de abandono en la que tienen a los verdaderos dueños de la entidad, que son los trabajadores. Las excusas y tibias explicaciones no satisfacen los reclamos que se han ido acumulando sin ser resueltos. Resulta inaceptable la cotidiana afrenta a los asegurados, en una entidad convertida en un verdadero botín político.
El Instituto de Previsión Social, creado hace más de 80 años tiene elevados objetivos. En estas décadas se ha convertido en una institución fundamental para los trabajadores del país. IPS fue creado en 1943 para brindar servicios en casos de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; así como también una jubilación al trabajador titular. Lamentablemente el servicio se ha ido deteriorando por la abusiva acción de la politiquería. En forma cíclica estallan escándalos, surgen denuncias y arrecian críticas; de manera cíclica también esos temas desaparecen y las denuncias y quejas descansan en la absoluta impunidad. Hoy, la crisis está motivada por el fallecimiento de un asegurado que estaba aguardando un cateterismo con urgencias, que nunca se lo practicaron debido a un desperfecto de un angiógrafo. Y mientras arrecian las críticas, la Superintendencia de Salud (Supsalud) comenzó una auditoría médica al Hospital Central del IPS, que se extenderá por 30 días. El actual titular de la previsional, el doctor Jorge Brítez, quien “pensó en renunciar” tras la muerte del trabajador, ha afirmado que “IPS, en comparación a como estaba hace dos años, está 10 veces mejor”.
El presidente apuntó asimismo que “IPS es un monstruo que hay que saber sobrellevar, pero las respuestas que se dan a la gente más humilde, a pesar de la situación sigue siendo positiva”.
Se equivoca el doctor Brítez, parece haber pasado por alto el hecho de que el acceso a la salud es un derecho de todo paraguayo y paraguaya, garantizado en el artículo 68 de la Constitución Nacional: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas...”.
Esto deben entender el titular del IPS, todas las autoridades nacionales y los funcionarios; en el Instituto de Previsión Social no se ejerce la caridad y la misericordia con los más humildes. Los trabajadores junto con sus patrones aportan cada mes para ser atendidos en su salud y para su futura jubilación o pensión. El Estado paraguayo poco aporta, excepto una pésima administración que se renueva en cada Gobierno y sigue manteniendo una deuda con el IPS, que de acuerdo con un dato publicado hace más de un año, totalizan USD 1.125 millones, de los que USD 500 millones corresponden a la deuda histórica del Estado, USD 70 millones a servicios prestados a no asegurados durante la pandemia del Covid-19 y USD 555 millones por parte de empresas privadas en mora.
Ciertamente, la presión de la cantidad de asegurados apremia a la institución, pero esto muestra la falta de planificación de las autoridades y la falta de previsión y adecuación a los cambios que sufre la población.
Además, Paraguay no ha avanzado hacia una salud pública universal y gratuita por lo que nuestro sistema de salud es absolutamente precario.
IPS para su sobrevivencia y para lograr eficiencia, debe dejar de ser la caja chica de la ANR, de los politiqueros, de la clientela política. Urgen las reformas, pero para empezar se deben revisar los gastos que consume la burocracia, como por ejemplo la existencia de consejeros que con sus decenas de funcionarios y millonarios presupuestos consumen ingentes recursos.
El trabajador paraguayo aporta cada mes y tiene derecho, por tanto a que le brinden una atención digna en su salud, tiene derecho a ser respetado, a obtener fácilmente una cita con el médico y a la provisión de los medicamentos necesarios. Los errores y malas decisiones en la administración son intolerables y no deben repercutir en la atención de los asegurados.
