Mientras se acumulan los casos de la mafia de pagarés, las víctimas continúan sufriendo las consecuencias y la estafa se repite sin parar. El Estado paraguayo no ha hecho lo suficiente para acabar con este esquema delincuencial: La Justicia se mueve muy lentamente, hubo complicidad en varios ministerios y la Comisión Permanente del Congreso no logró el cuórum requerido para tratar en una sesión extraordinaria los proyectos relacionados con la mafia de los pagarés. La deuda con las víctimas sigue creciendo.
Para el vocero de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, “el Estado paraguayo ahora es un territorio feudal, dominado por la mafia, que tiene su propia recaudación a costa de los trabajadores vulnerables quienes pasan hambre”. Pedro Coronel explicaba a ÚH que hay una cuestión humana bastante triste, pues no se trata solamente de estadísticas y números fríos, sino que se trata del hambre, de una persona con autismo que pierde su tratamiento, de personas que pierden su autoestima y de futuros inciertos por tener que abandonar estudios o emigrar.
A diario sabemos de más desgarradoras historias de víctimas de la red de estafas, como relata el representante de los afectados: “Hay personas que pasaron un mes comiendo reviro, universitarios que abandonan sus estudios, personas que se suicidaron, familias que se separan, una persona emigró a Polonia, corriendo de la falsa deuda y hoy se encuentra trabajando en un gallinero”.
¿Qué futuro les espera a las más de 17.000 familias víctimas? Y quien va a reparar el daño que les están causando.
La Justicia, en primer lugar, es la institución más comprometida en esta red de estafas, y la reacción inicial fue muy tibia, considerando la amplitud de la red de este esquema extorsivo. Es evidente que es una estructura importante que según las evidencias incluye a ujieres, actuarios y funcionarios judiciales. Por otra parte, la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés del Senado envió por tercera vez una nota a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo se auditen 21 causas tramitadas en los Juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia de Asunción, Minga Porã y Alto Paraná. Las víctimas, asimismo, habían presentado a los congresistas un pedido para iniciar el juicio político contra los ministros César Diesel y Alberto Ramírez Simón, a raíz de la reunión secreta que tuvieron con el presidente de la República y el presidente del Partido Colorado.
En cuanto al Poder Legislativo, además de conformar la comisión especial, los parlamentarios muestran escaso interés. De hecho que recientemente la Comisión Permanente del Congreso no logró el cuórum requerido para tratar en sesión extraordinaria los proyectos relacionados con la mafia de los pagarés.
Como publicó recientemente Última Hora, en el listado de 134 asesores externos que publicó el Banco Nacional de Fomento aparece José Emilio Latorre Aguade, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Dicho nombre no solo resalta por el parentesco, sino porque mientras asesora a la banca estatal, a la vez es presidente de Walton Capital SA, empresa que monopolizaría descuentos ilegales a funcionarios públicos.
Asimismo han sido develadas las actividades de Zully Concepción Ortiz, quien tiene un rol importante en la estafa de descuentos y la ejecución masiva de pagarés. Su carrera se inicia en el Ministerio de Educación, donde fue funcionaria entre 2012 y 2014 y tuvo acceso y uso irregular de las bases de datos salariales de instituciones públicas, principalmente la de Educación. Ortiz tenía información salarial sensible y acceso a los datos sobre la capacidad de endeudamiento de las víctimas, por eso podía generar documentos irregulares, según informes de la Comisión parlamentaria.
Es hora de que las instituciones del Estado asuman su compromiso con las 9.350 víctimas que tienen, en promedio, 12 juicios en su contra, pero desconocen el estado de sus causas y pese a esto, sufren descuentos que representan G. 26.000 millones mensuales y casi USD 50 millones anuales. Es hora de que el Estado paraguayo ponga fin a esta red de estafa que roba ingresos y jubilaciones de trabajadores y les roba también la calidad de vida.
