La sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social constituye uno de los desafíos más complejos y políticamente sensibles para los Estados contemporáneos. En Paraguay, el problema requiere una reforma estructural y urgente, sobre todo de la Caja fiscal, cuyo déficit se amplía anualmente dejando otros importantes ámbitos sin financiamiento. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, había anunciado una reforma moderada que en la Cámara de Diputados finalmente se aprobó con algunos cambios que no generarán resultados sustanciales.
La necesidad de una reforma responde a un diseño institucional que, en palabras del propio ministro, combina “una edad mínima baja, un cálculo de haberes sobre pocos años de aporte y un esfuerzo contributivo reducido”. A la moderada respuesta se agrega que la existencia de sectores con exagerados privilegios que además de contribuir a un enorme déficit, definen desigualdades injustificables.
Estos factores generan un desequilibrio actuarial crónico. El sistema promete beneficios generosos –una alta tasa de reemplazo– financiados con contribuciones relativamente bajas durante un periodo de aporte corto, mientras la esperanza de vida aumenta. El resultado es un déficit que debe ser cubierto con transferencias anuales del Tesoro Nacional, desviando recursos públicos que podrían destinarse a inversión en salud, educación o infraestructura.
La reforma que se está dando es un mero cambio paramétrico que afectará a los aportantes sin garantizarles la sostenibilidad a largo plazo, mientras que la ciudadanía continuará financiando el déficit con un sistema tributario inequitativo.
Una reforma que solo modera parámetros, sin abordar una transformación profunda como una revisión integral de todos los regímenes especiales, la integración del subsistema público en uno de amplio alcance que incluya a toda la población o que al menos incorpore tempranamente a cualquier funcionario público independientemente del tipo de contrato solo dará un respiro temporal.
Paraguay se enfrenta a cambios demográficos muy fuertes. La esperanza de vida está aumentando y la tasa de fecundidad disminuye, lo que altera la proporción entre cotizantes y pensionistas. Además, la salud del sistema en su conjunto depende de la formalización laboral y del crecimiento económico sostenido, variables sujetas a ciclos y shocks externos. Una reforma moderada no está acorde con los cambios estructurales que se están dando en la sociedad o, con aquellos que no se dan, como la generación de empleos formales en el sector privado.
Los desafíos demográficos, actuariales y de equidad son de tal magnitud que una solución moderada solo será un paliativo y no una respuesta que proporcione seguridad a jóvenes y adultos que están en plena etapa laboral. La verdadera prueba para el liderazgo político no estará solo en la aprobación de esta reforma, sino en su capacidad para comunicar con transparencia que esta es probablemente solo la primera fase de un ajuste más profundo e inevitable, ya que no se resolverá el problema de fondo.
Lastimosamente, la forma en que se encaró esta reforma no contribuirá a garantizar la sostenibilidad de la Caja a largo plazo, generando además un conflicto no solo entre afectados y autoridades, sino también polarizando internamente a la sociedad. Ninguna política pública eficiente, eficaz y equitativa puede construirse en un escenario como este.
La situación empeora si se considera que el subsistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social tiene problemas similares, aunque menos acuciantes en términos de montos y plazos, por lo menos por ahora.
El debate sobre el derecho a una jubilación debe darse de manera amplia y garantizando una cobertura total. Tratar de arreglar con parches, de manera fragmentada y autoritaria solo contribuye a exacerbar ánimos y aumentar el malestar ciudadano, lo que constituye una bomba de tiempo porque es quien está financiando.
