Una mayoría colorada cartista se impuso en la Cámara de Diputados y dejó de lado el proyecto de ley que buscaba eliminar la Caja Parlamentaria. En su lugar aprobó reformas que endurecen las condiciones a docentes, funcionarios de las fuerzas públicas y magistrados, en cuanto a edad mínima y aportes. Sin embargo, Diputados dejó intacta la Caja Parlamentaria, bajo el compromiso de no recibir más fondos del Estado, pese a que una ley ya había eliminado el aporte estatal. Como bien señala el comunicado del Arzobispado, esto es un escándalo ético.
Sin consenso, consulta ni debate, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Caja Fiscal, aunque aprobaron un proyecto más flexible, pues ratificaron la edad mínima y el aumento de aportes.
Para llegar a eso tomaron como base la propuesta recomendada por la Comisión de Presupuesto que, si bien es más flexible que la versión inicial del Poder Ejecutivo, establece una serie de cambios en los parámetros para la jubilación de docentes, militares, policías y magistrados judiciales, por lo que estos sectores aún no han guardado el hacha de guerra.
Entre los principales cambios que se incluyeron se puede mencionar la incorporación de un aporte estatal del 5%, el cual será implementado de forma gradual, iniciando desde un 2% en el 2027 hasta llegar al 5% en el cuarto periodo, es decir, en el año 2030. El aporte personal seguiría en 16% para funcionarios con superávit, pero aumentaría a 19% para sectores deficitarios, es decir, para educadores, fuerzas públicas y magistrados. Y, respecto a la edad para acceder al beneficio para docentes y magistrados se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años; mientras que para la extraordinaria se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años. Para las fuerzas públicas, se propone una edad mínima de 57 años, 25 años de aporte.
La aplanadora colorado-cartista no tocó, sin embargo, los privilegios de los propios legisladores. Con la media sanción se establece que el Estado seguirá sosteniendo los gastos del personal y administración de la Caja Parlamentaria, que además ahora el aporte jubilatorio sea obligatorio y no voluntario. Diputados y senadores entonces podrían recibir una jubilación extraordinaria con 10 años de aporte (dos periodos) y 55 años de edad, percibiendo el 60% de sus dietas más los gastos de representación (unos G. 22.740.000 al mes); mientras que la jubilación ordinaria quedó en 15 años (tres periodos), con 60 años de edad, percibiendo el 80% de sus haberes (unos G. 30.320.000 con el salario parlamentario actual).
La mayoría cartista de diputados aprobó también un compromiso de no recibir más fondos del Estado paraguayo para la Caja, aunque de hecho una ley ya había eliminado esta posibilidad. Sin embargo, en 2024, Santiago Peña volvió a otorgar G. 3.500 millones con una reprogramación, G. 2.500 millones del PGN 2025 y G. 4.055 millones del PGN 2026.
La Caja Parlamentaria que nació en 1980 representa no solamente los privilegios que se arroga nuestra clase política, nos habla sobre todo de la desigualdad e injusticia que se perpetúan en el país. La jubilación vip para senadores y diputados es inaceptable, y, según los expertos, es un contrasentido en el mundo de la seguridad social, quienes también sugieren que sea suprimida y sus socios coticen en el IPS, como cualquier otro ciudadano.
No caben dudas de que urge una reforma estructural del sistema; sin embargo, esos cambios deben orientarse a reducir las desigualdades, a universalizar los derechos con criterios de solidaridad y a garantizar la dignidad de todas las personas trabajadoras.
Coincidimos con la Arquidiócesis de Asunción que en un comunicado pide el fin de los privilegios, para avanzar hacia un sistema donde no haya ciudadanos de primera, y sostiene que “la existencia de jubilaciones privilegiadas en el sector político es un escándalo ético, frente a un pueblo al que se le pide sacrificio”. Por eso, la solución real debe apuntar a la convergencia de todos los sectores hacia reglas comunes y justas, “los fondos jubilatorios deben estar blindados contra el uso político y ser administrados con criterios técnicos y transparencia total”.
