Los recientes decretos gubernamentales (N° 5306 y N° 5307) que establecen tarifas eléctricas preferenciales para “industrias convergentes” –como centros de datos para inteligencia artificial y producción de hidrógeno verde– han encendido un intenso debate nacional. El énfasis dado a la captación de inversión extranjera sin considerar otros objetivos como lograr un crecimiento inclusivo que permita beneficios a la sociedad genera un subsidio que beneficiará a grandes corporaciones internacionales sin garantizar efectos ni cambios estructurales en la economía paraguaya.
Paraguay se encuentra en una coyuntura histórica definida por una paradoja energética única: es uno de los mayores productores mundiales de energía renovable y limpia, principalmente hidroeléctrica, pero enfrenta el desafío pendiente de transformar esa abundancia en un motor de desarrollo industrial inclusivo y soberano.
El primero de los decretos emitidos crea la figura de “industrias convergentes” y establece una tarifa especial de energía para este sector; el segundo decreto amplía el beneficio a industrias que transforman energía renovable en otros sectores como la inteligencia artificial.
La idea de los subsidios en cualquier economía es lograr beneficios para el país. Paraguay ya vende energía más barata, por eso la invasión de empresas de criptominerías ilegales. Estas empresas vendrían igual al Paraguay, por lo que cualquier ventaja de este tipo es un desangramiento innecesario de recursos que necesita el país para aumentar sus niveles de infraestructura y de capital humano.
Paraguay requiere impulsar la productividad de la fuerza de trabajo de manera que las empresas que llegan encuentren un país altamente calificado.
Los subsidios que solo benefician al capital extranjero sin garantizar retornos en la población terminan trasladando al exterior las ventajas competitivas sin que estas contribuyan a la transferencia tecnológica, viabilizar cadenas de valor, mejorar el empleo, la productividad y los beneficios de las empresas paraguayas y las que reinvierten en el país.
Además de la pérdida de recursos por los subsidios, se traslada la carga de los gastos públicos hacia la población paraguaya, ya que alguien deberá pagar la brecha que se genera en los costos energéticos y las inversiones necesarias que las empresas exigen más allá del subsidio en la tarifa.
Es decir, mientras se otorgan beneficios a empresas internacionales, que no garantizan ningún beneficio para el país, la población paraguaya debe financiar con sus recursos dichos privilegios, siendo la energía propiedad de los paraguayos.
Un subsidio de este tamaño no puede generarse con decretos sin estudios que fundamenten con criterios técnicos los beneficios que generarán en la economía de Paraguay. Es inadmisible que teniendo un costo tan alto no se hayan realizado consultas a expertos y a la población paraguaya teniendo en la mano los datos que se requieren para la toma de decisión sobre un tema tan relevante.
La soberanía energética no reside solo en la propiedad de sus recursos, sino en su capacidad para emplearlos estratégicamente como palanca para generar empleo de calidad, industrializar el país, diversificar su matriz productiva y, en última instancia, garantizar que los beneficios de la energía verde se trasladen de manera efectiva y equitativa a toda la ciudadanía.
Es cada vez más apremiante la necesidad de cambiar el rumbo del crecimiento económico. Nuestro modelo está perimido, ya que muestra cada vez menos efectos multiplicadores, siendo históricamente bajos. Paraguay no puede darse el lujo de perder recursos y trasladarlos al exterior existiendo una amplia base poblacional que necesita esos recursos para mejorar sus capacidades y oportunidades educativas y económicas.
