En una democracia saludable es absolutamente necesaria la participación ciudadana. Esta premisa es todavía más cierta en los momentos que vive el Paraguay, cuando vemos con preocupación tambalear el equilibrio de poderes establecido por la misma Constitución Nacional, y a un sector político partidario acumular el poder. La recientemente reglamentada Ley 7363/2024 “Que establece el control de transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocida como ley garrote es otro síntoma preocupante.
Después de un año, y a través de un decreto, el presidente de la República reglamentó la Ley 7363/2024 “Que establece el control de transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, más conocida como ley garrote. La reglamentación se concretó después de un año de la promulgación.
Lamentablemente, el cuestionado proyecto y el proceso entero estuvieron desde el principio viciados de sospechas nunca esclarecidas, y la mayoría absoluta del sector colorado cartista y sus satélites, tanto en las Cámaras de Diputados como de Senadores hizo posible su aprobación sin discusión alguna. El proyecto de control a las oenegés fue aprobado en tiempo récord.
Recordemos dos hechos que en su momento causaron un breve escándalo, pero que rápidamente fueron descartados tristemente porque en el Paraguay tenemos problemas con la memoria.
Uno de ellos tiene que ver la experiencia inicial de la Comisión Bicameral de Investigación de Casos de Lavado de Activos, desde donde se filtraron datos sobre miembros de la sociedad civil, lo cual configura una gravísima acción contra la ciudadanía; posteriormente, la denuncia de que un integrante de dicha CBI estaba ligado a una organización no gubernamental. No se puede dejar de mencionar, asimismo, un audio hecho público en el que el ex senador y ahora embajador de nuestro país ante los Estados Unidos, en el que había confesado –involuntariamente– las verdaderas intenciones del proyecto de ley, así como su inconstitucionalidad.
De igual manera, recordemos que Leite, entonces senador por el Partido Colorado, había admitido que fue tesorero de una oenegé llamada Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, asociación que se ocupa del tratamiento y recuperación de personas adictas a las drogas, y que en la lista de sus donantes destaca Tabacalera del Este (Tabesa), firma ligada a Horacio Cartes, ex presidente de la República y que fue sancionada en dos ocasiones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). También admitió que recibió una donación de Itaipú entre los años 2021 y 2022, aunque no precisó los montos. Y en conferencia de prensa había dicho: “Yo soy oenegero transparente y mi señora también”.
“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, es una frase atribuida al mexicano Benito Juárez, y se aplica a los tiempos que estamos viviendo en el Paraguay. Este es precisamente el fundamento de las preocupaciones que genera esta ley de control a las organizaciones no gubernamentales, porque apunta peligrosamente a coartar la participación ciudadana.
En su momento, Amnistía Internacional (AI) había denunciado los “argumentos falaces” de que las organizaciones civiles sin fines de lucro se encuentran actualmente exentas de rendir cuentas, y que la nueva ley violenta la libertad de asociación y de expresión, al derecho a la privacidad, a participar de los asuntos públicos, al derecho a defender los derechos humanos y uno de los aspectos que más riesgos presenta que es una aplicación arbitraria e injerencia estatal desproporcionada.
Además de señalar la hipocresía de varios legisladores colorados, es necesario apuntar al contrasentido de que el mismo gobierno que acusa a dictaduras como en otros países de la región como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba y Rusia, entre otros, hace exactamente lo mismo, aplicando leyes que han habilitan la represión de la libre asociación.
Esta ley, que podría ser aplicada como un garrote contra las organizaciones de la sociedad civil, confronta a nuestra democracia, incluso a nuestra democracia imperfecta y frágil, que con esfuerzo construimos tras la caída de la dictadura autoritaria de Stroessner.
