De acuerdo con los más recientes datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), el 59% de las víctimas fatales de accidentes de tránsito corresponden a motociclistas y, en la misma línea, el 77% de los casi 12.000 lesionados en siniestros viales son conductores o acompañantes. Los accidentes son un grave problema para la salud pública, traen aparejadas consecuencias sociales en las personas y en las familias, e impactan directamente en el presupuesto público. Por esto, urgen mejor educación vial y controles.
Considerando los datos recientemente dados a conocer, el 59% de las víctimas fatales de accidentes de tránsito corresponden a motociclistas y, al respecto, la Municipalidad de Asunción anunció una campaña de concienciación y control del uso del casco protector entre motociclistas.
Según el titular de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Marcos Maidana, el programa tendrá un fuerte componente educativo antes de pasar a las sanciones. Señaló el funcionario que el 50% de los motociclistas heridos no utilizaban casco al momento del accidente, una situación que, sin dudas, pone en evidencia la falta de educación vial, así como también la necesidad de acciones preventivas.
Apuntó también al alto costo que implican los accidentes para el Estado, indicando un estimado de más de G. 300 millones por persona accidentada, sin considerar secuelas físicas, psicológicas y económicas a las familias. La campaña incluirá charlas educativas, controles en la vía pública y distribución de materiales informativos. Tras la etapa educativa, la PMT aplicará multas a los infractores. La falta tipificada como gravísima tiene una sanción económica de G. 1.126.522.
Pero sería un error reducir este tema a las causas directas de estos accidentes, ya que la realidad es mucho más compleja. Datos de la Dirección del Registro de Automotores proporcionan una información relevante: El parque vehicular ha crecido en forma ininterrumpida, superándose cada año la cantidad registrada, y crece la cantidad de vehículos como de motocicletas.
Esto a su vez obedece a otra cuestión: El pésimo servicio de transporte público, por lo cual la población se ve obligada a resolver su movilidad de manera individual, cuando la alternativa debería ser colectiva, optar por el sistema BTR, por ejemplo, que es un sistema de autobús de tránsito rápido, que combinado con metro, tranvía, sistema de trenes de cercanía y largas distancias y bicisendas ofrece una movilidad organizada y al servicio del ciudadano.
Además del ordenamiento, las autoridades y los funcionarios deben dejar de lado los discursos con promesas que nunca se cumplen y trabajar para hacer realidad esas propuestas. Una de esas es la tan necesaria educación vial, la cual debería estar vigente desde la escuela, y su ausencia es notoria observando el comportamiento de los conductores. Ahí hay una cuota importante de las municipalidades que son las encargadas de autorizar los carnets de conductor. Y, sin dudas, urge elevar los requerimientos para su expedición.
En cuanto a los controles, en el Paraguay es necesario asumir la realidad de la falta de credibilidad de los policías de tránsito. Lamentablemente son bastante frecuentes las denuncias de pedidos de coimas por parte de estos funcionarios. Por lo tanto, esta corrupción termina siendo una de las causas de la situación de caos y también de los accidentes que con mucha frecuencia cuestan vidas. Falta entonces mayor rigor para castigar a los conductores infractores.
Asimismo, las autoridades nacionales deben asumir la gravedad de la situación del tránsito colapsado, y se debe entender que ninguna acción individual o campaña alejada del análisis de las demás causas logrará el cometido de bajar las cifras de accidentes viales, porque lo que se necesitan son políticas públicas, y que estas se cumplan en el marco de cooperación.
Necesitamos que se tomen acciones urgentes y decididas para no seguir siendo el país en el que hay un accidente cada 55 minutos, porque recordemos que los siniestros de tránsito son también un problema para la salud pública, por su impacto social y económico.
