Los indignados estaban escrachando al concejal colorado de Concepción, Blas Enrique Paniagua. Quemaron cubiertas y fueron atacados con el carro hidrante de la Policía Nacional, que apagó el fuego pero también dispersó a la gente.
Los efectivos intervinientes también tiraron gases lacrimógenos, afectando a los manifestantes y a los vecinos de las calles Profesor Alvarenga y 14 de mayo.
Los jóvenes se reagruparon en la plaza Nanawa y volvieron a quemar neumáticos. Explotaron bombas de estruendo, lo cual volvió a generar la reacción policial, que los persiguió con agua, gases y balines de goma hasta la avenida de Pinedo.
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Posteriormente, los manifestantes llegaron hasta la vivienda de Hugo Urbieta, padre del intendente Alejandro Urbieta, donde de nuevo hubo represión policial y en la refriega fue rota una puerta de vidrio de la farmacia de la familia del jefe comunal.
Según los datos recabados en horas de la madrugada, la Policía aprehendió a uno de los jóvenes y lo derivó hasta la Dirección Policial ubicada en el kilómetro 7 de la ruta 7 Doctor Gaspar Rodríguez de Francia.
Los ciudadanos movilizados indicaron que su visita al concejal Paniagua fue para presionarle a que cambie de postura y que pida la intervención de la Municipalidad. Hasta ahora, son seis ediles que confirmaron, pero falta un voto para lograr la mayoría necesaria.
Las denuncias contra Urbieta son por apropiación y lesión de confianza, desacato judicial y venta del Puerto Municipal.
Tati Urbieta está imputado
El Ministerio Público imputó al intendente Tati Urbieta por supuesta lesión de confianza y apropiación, tras la denuncia realizada por una funcionaria municipal, quien argumentó que la Municipalidad de Concepción nunca depositó sus aportes a la Caja de Jubilaciones.
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Entonces la afectada no podía hacer uso de ese beneficio. Por el caso se decretó la prisión domiciliaria del jefe comunal a fines de octubre. Sin embargo, días después, la medida fue anulada por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal.
Igualmente, el fiscal Carlomagno Alvarenga lo imputó por desacato judicial. Pero también el fiscal adjunto Augusto Salas ordenó que todos los expedientes que hacen relación a denuncias contra Urbieta sean derivados a la Fiscalía General.
