05 abr. 2026

Renuncia una suspendida jueza de Paz

31055974

Allanamiento. La jueza Liliana de Bristot con el fiscal.

archivo

La suspendida jueza de Paz del Distrito de San Roque, Liliana González de Bristot, renunció ayer a su cargo, en nota presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Un día antes, había sido suspendida sin goce de salario por el pleno del Máximo Tribunal a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La magistrada es una de las enjuiciadas por el conocido caso de la supuesta mafia de los pagarés, por lo que el Jurado había pedido su suspensión a la Corte, lo que fue concedido en la pasada sesión plenaria.

Con la renuncia, el Jurado deberá archivar el caso, ya que solo tiene competencia para juzgar a jueces, fiscales y defensores. Una auditoría de gestión había hallado numerosas irregularidades en varios juicios ejecutivos, con lo que su despacho había sido allanado por el fiscal Jorge Arce.

OTRA RENUNCIA. Asimismo, otro que renunció y su pedido ya fue aceptado por el pleno de la Corte, es el juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira Ovelar, lo que se hará efectiva a partir del 1 de marzo próximo. Además, se declaró vacante el cargo y se comunicará al Consejo de la Magistratura.

El mismo había sido denunciado penalmente en varios casos de lo que se conoce como la mafia de los pagarés. Es más, su juzgado fue allanado ayer por el fiscal Irán Suárez, a raíz de la denuncia de la abogada Noelia Núñez, que representa a varias de las víctimas de los juicios ejecutivos.

Más contenido de esta sección
La Justicia de Estados Unidos volvió a posponer la audiencia contra Marset, quien deberá comparecer el próximo 20 de mayo. Ayer, se leyeron los cargos, pero no se descarta que sea juzgado por otros hechos.
El uruguayo Sebastián Marset compareció hoy para su audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero; sin embargo, esta se pospuso nuevamente para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
La denuncia en contra del entonces interventor Amancio Rivas sigue en manos de la fiscala adjunta Soledad Machuca, alertan desde la Municipalidad de Lambaré. Piden acelerar las investigaciones, ya que habría un faltante millonario de G. 1.300 millones durante la pandemia.