Además del ex diputado, el mismo magistrado, también intimó de la misma forma al ex director regional del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Enrique Gómez de la Fuente, condenado a 3 años 6 meses por extorsión y cohecho pasivo agravado.
Según dice la resolución, el 15 de julio del 2022, los mismos fueron condenados a las citadas penas carcelarias, y hasta la fecha, mantienen las medidas sustitutivas a la prisión que fueron impuestas el 15 de octubre del 2019 por la magistrada Rosarito Montanía.
El pasado lunes, el expediente fue remitido al Juzgado de Ejecución, por lo que se debe ejecutar la pena. En ese sentido, el juez señala que según el artículo 295 del Código de Ejecución Penal, “si se halla en libertad, se dispondrá lo necesario para su comparecencia o captura, y una vez aprehendido, se procederá según corresponda”.
Alega que los condenados deben presentarse “ya que es uniforme la interpretación de que en nuestro sistema no se puede litigar en la clandestinidad y que si bien se ha presentado el profesional del foro a solicitar su personería es también cierto que las medidas cautelares ya cumplieron su fin y el mismo se debe poner primero a disposición de la justicia”.
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Así, apunta que con ello, dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas por la magistrada, e intiman al ex diputado Carlos María Soler y a Enrique Gómez de la Fuente, por el plazo de 24 horas, para que se presenten a una comisaría o Penitenciaría habilitada para cumplir con las condenas.
En el juicio oral, ante las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Yolanda Morel, el 15 de julio del 2022, se probó que el ex diputado Carlos Soler y el director de la Región Occidental del Indert, Pedro Gómez de la Fuente, solicitaron USD 125.000, al estanciero Albino Méndez, para anular la revocación de la adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas que estaba en el Chaco. El denunciante entregó dos cheques a Soler, uno de G. 100 millones y otro de G. 60 millones.
Con ello, fueron condenados por los citados delitos. Este fallo fue apelado, y el Tribunal de Apelación Penal, el 24 de octubre del 2022, ratificó las condenas.
Finalmente, en el mes de junio del año pasado, la Sala Penal de la Corte anuló el fallo del Tribunal de Apelación Penal, pero ratificó las condenas dictadas en el juicio oral, con lo que el fallo quedó firme.
