El sueño devino pesadilla a la hora del reparto. Mientras que en Brasil se fortalecía la economía y en Argentina conseguían cubrir la creciente demanda de sus consumidores, en Paraguay nacía una suerte de aristocracia republicana, una minoría rapaz que se consideró con el derecho divino de repartirse licitaciones y cargos en la administración de las binacionales, con salarios y beneficios delirantes, y sin mayor mérito que pertenecer al sector político del gobierno de turno o formar parte del círculo de amigos, parientes o cortesanos de los caudillos del momento.
No cabe la menor duda acerca de la necesidad imperiosa de modificar las reglas del juego con nuestros socios condóminos. En el mapa general, Brasil y Argentina han sido los grandes beneficiarios de las hidroeléctricas. Pero no es menos necesario cambiar radicalmente el manejo local de ambas empresas. Si queremos ser convincentes reclamando nuestros derechos ante brasileños y argentinos, primero debemos recuperar autoridad moral rescatando para todos los paraguayos nuestro porcentaje de cada binacional de la pandilla de delincuentes que hoy parasitan, desovan y se multiplican en ellas.
Las binacionales son empresas públicas. Fueron creadas para explotar un recurso natural que pertenece a los pueblos, las aguas del río. Todo el discursito leguleyo montado por un sector de la clase política, en connivencia con burócratas, abogados y técnicos funcionales al poder de turno, tiene por único fin ocultar el manejo de estas empresas al escrutinio público, incluyendo el reparto suculento de salarios y beneficios entre sus funcionarios.
Por supuesto que debemos renegociar los tratados con nuestros socios, pero también nos urge reformular los reglamentos por los que se rigen las binacionales. Ni un solo funcionario debe ingresar por parentesco, amistad o afiliación política. Hasta el último cargo debe ser concursado. Para encabezar un departamento jurídico de una hidroeléctrica binacional se necesita al jurista mejor formado en ambas áreas, y para encontrarlo se requiere de un concurso abierto, no de una negociación entre operadores políticos para premiar lealtades de coyuntura.
Ni un solo dólar generado por estas empresas públicas debe gastarse al margen del control del presupuesto del Estado. Y ningún gasto puede ocultarse al escrutinio de cualquier ciudadano que quiera revisarlo cuando y como quiera.
Brasil y Argentina han hecho lo que les vino en gana en ambas binacionales porque sus principales aliados fueron siempre los propios gobernantes paraguayos. Conocedores de las debilidades de nuestra clase política (la de ellos no es muy distinta), repartieron generosamente beneficios menores que no alteraron en nada la distribución arbitraria de réditos de la que somos víctimas, pero supusieron para nuestros burócratas de turno una oportunidad única de asegurar su futuro financiero y político y de la de su descendencia.
Gastos sociales, royalties, colaboración interinstitucional… Miles de millones de dólares engrosaron las cuentas de intendentes, gobernadores, diputados y senadores, concejales, contratistas del Estado, fiscalizadores, fiscales y jueces. Toda una red montada para repartirse las migajas de nuestros socios condóminos, borrar las huellas del reparto y garantizarse impunidad. ¿Cuántos presidentes de seccional, cuántos parientes, amigos y amantes atornillados a cargos con jugosos salarios para los que jamás concursaron y para los que hay miles de personas mejor preparadas para ejercerlos?
El presidente Santiago Peña dice estar decidido a dar batalla para renegociar ambos tratados. Y no tengo razones para dudar de él. Pero si quiere tener éxito necesitará no solo de buenos argumentos técnicos, también y principalmente de autoridad moral. Y eso solo lo conseguirá cuando se anime a limpiar nuestra parte de las hidroeléctricas de toda la parasitosis política que hoy las desangra. Comencemos por casa.
