Autoridades del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), del Ministerio de Defensa y de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron hasta el lugar, el miércoles pasado.
El motivo fue la verificación in situ, atendiendo las denuncias de invasión de inmuebles en la zona.
El Mades acompañó el procedimiento como autoridad de aplicación de la ley de área silvestre protegida.
En otras palabras, fueron a constatar si seguían los ocupantes ilegales en la finca. Lo llamativo fue que la comitiva fue agredida al final del recorrido. Tras el ataque, fueron despojados de sus actas e informes y estos fueron quemados por los ocupantes.
MADES. Rocío Mendoza, directora de Fiscalización de la cartera ambiental, informó que fueron víctimas de los lugareños quienes produjeron la destrucción de varios documentos públicos.
“Dentro de nuestras competencias propias de fiscalización debemos proceder de acuerdo con lo que establece nuestras competencias y en ese momento era labrar acta e identificar todo lo que observamos en el lugar. Si vemos un hecho y si fuimos testigo, debemos labrar un acta”, explicó la funcionaria.
La superficie de la reserva era de 2.600 hectáreas, pero por cuestiones de organización y trabajo se dividieron en cuatro fracciones.
El total de ocupantes se desconoce, pero según los lugareños son alrededor de 90 familias las que residen en el lugar. Según Mendoza, la cantidad sería menor, pero no se puede precisar aún.
“Dentro de la finca hay desarrollo de granjas, producción ganadera, canalización para secar y aprovechar el suelo, apertura de caminos, instalación de tajamares, tanques australianos, cambios del uso de suelo. Muchas cuestiones técnicas que estuvimos viendo durante el recorrido”, afirmó.
Fiscalía. Tras el ataque, el Mades realizará una denuncia penal a través de su Dirección de Asesoría Jurídica. “Estamos terminando un informe y luego la asesoría jurídica presentará una denuncia por la destrucción de los documentos y por no poder terminar el procedimiento porque las garantías de seguridad no estaban dadas”, remarcó. “Nosotros somos funcionarios administrativos. Las fuerzas de seguridad tampoco estuvieron en ese momento y no estaban dadas las garantías para la integridad de los funcionarios”, explicó. El inmueble que el Mades visitó debía ser un área silvestre protegida, situación que no se produce en la realidad.
“La asesoría jurídica se encargará de la parte penal para hacer las denuncias que correspondan. Tenemos algunos trabajos previstos pero ya no será con una exposición, iremos con la parte legal como corresponde pero no podemos adelantar mucho. Tenemos previsto un trabajo para relevar más datos. Pero para ser de soporte de lo que será el lugar”, concluyó Mendoza.
LEGALIDAD. Días atrás, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala de la Capital, resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción presentada por la Procuraduría contra la pretensión de la Municipalidad de Villa Hayes y con esto se reafirmó los derechos de propiedad del Estado paraguayo.
El fallo destacó que a pesar de que el Municipio alegaba derechos sobre la finca en cuestión, no se cumplieron con los requisitos legales necesarios. El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, había impulsado el proyecto de ley para desafectar la finca.
