25 may. 2026

Copamiento de las instituciones atenta contra el Estado de derecho

La admisión, por parte de un parlamentario, de la existencia de acuerdos políticos para la conformación de ternas para jueces, fiscales y camaristas no solamente echa por tierra la independencia de los poderes, sino que también supone una aceptación tácita de la sociedad. El copamiento de las instituciones del Estado supone un grave peligro para la democracia.

El senador colorado Édgar López reconoció que la conformación de ternas en el Consejo de la Magistratura no es más que un acuerdo político. “Los partidos políticos pelean por sus candidatos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Los espacios políticos se acuerdan, se negocian. Eso es categórico”, había dicho el legislador al tener que explicar su voto por el discutido fiscal Aldo Cantero para conformar la terna para juez de Asunción. Cantero recibió siete votos mientras el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, solo uno.

Explicó el senador que el fiscal Cantero “construyó la mayoría”, y señaló que, si él se oponía, “no iba mi candidato a entrar en esas ternas”. También afirmó que se sabe muy bien que los candidatos a jueces, fiscales, camaristas tienen sus partidos políticos. “Muchos magistrados son de la oposición, ¿para qué vamos a engañar?, la gran mayoría, para no decir todos, tienen su partido, tiene una preferencia a algún partido político”. (ÚH. Mayo 14, 2026)

Los argumentos del senador colorado son inquietantes y muestran la grave confusión de autoridades electas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado. Por eso, se debe aclarar: La Justicia no es algo negociable ni cuestión de mayorías que haya jueces que pertenecen a partidos políticos y que se implican en la vida partidaria es un error que el sistema debería corregir.

La Justicia deber ser justa, autónoma e independiente; de lo contrario no es justicia. Y si un sector político puede imponer jueces y fiscales no es simplemente una mayoría ejerciendo su poder, es un ejercicio autoritario del poder y es copamiento de espacios institucionales. Nada de eso tiene que ver con el sistema democrático.

En la conformación de ternas de jueces en la que el Consejo de la Magistratura le dio un voto a Deny Yoon Pak y siete a Aldo Cantero se ve reflejada nuestro sistema de Justicia.

Aldo Cantero imputó al ex presidente Mario Abdo Benítez y a ex ministros de su Gobierno por supuestamente revelar secretos de Horacio Cartes. Luego, se hicieron públicos chats y audios de WhatsApp de conversaciones que tuvo con el abogado Pedro Ovelar, quien representa al ex presidente Cartes. En las conversaciones se tiene incluso que le decía qué hacer en las diligencias. Cantero fue investigado penalmente por sus colegas; sin embargo, estos nunca le solicitaron sus teléfonos para realizar las pericias. El caso quedó desestimado.

Otro caso es el de los audios filtrados respecto al manejo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Había sido mencionado por Raúl Fernández Lippmann, quien había dicho al abogado Carmelo Caballero que “Aldo canta 50”, dando a entender que tenía un monto que solicitaba por sus actuaciones como fiscal. Y, más recientemente, en plena feria judicial, pidió desestimar la denuncia en contra de los que firmaron el presunto título falso del senador Hernán Rivas y pidió continuar con las investigaciones.

En cuanto al fiscal Deny Yoon Pak, este tiene varias causas en su haber, llevando ante la Justicia grandes casos de crimen organizado y narcotráfico. Uno de sus casos principales es el megaoperativo A Ultranza Paraguay, que desbarató una red internacional dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína. La estructura estaba siendo liderada por Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, según las investigaciones y la causa dejó detenidos al ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, Job Von Zastrow Masi (suegro del entonces senador Sergio Godoy), el empresario Alberto Koube Ayala y los hermanos Insfrán. El fiscal también llevó a los estrados al ahora ex senador Erico Galeano. En su contra se confirmó que tuvo vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quienes lideraban una estructura criminal que enviaba cocaína de Paraguay a Europa. Hoy, el ex senador colorado guarda reclusión en la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Ejercer una mayoría arrasando y aniquilando al otro no es signo de democracia y supone el regreso al modelo autoritario y despótico de una dictadura que en Paraguay duró 35 años y tomó de rehén a la Justicia.

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