Gracias a la captura de esta información es posible conocer las coberturas de varios programas sociales, así como las características de los hogares que los reciben. Estos datos son fundamentales no solo para el diseño y la evaluación de las políticas publicas, sino también para garantizar niveles mínimos de transparencia.
A pesar de la reducción de la pobreza, esta permanece alta. Una quinta parte de los hogares de nuestro país no logra, a través de sus ingresos, adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Alrededor de la mitad de los hogares se encuentra por encima de la línea de pobreza, y si bien no se encuentran en pobreza, enfrentan serias dificultades para garantizar una alimentación sana y condiciones de vida adecuadas.
Dada esta realidad, hay poco que festejar. Sobre todo teniendo en cuenta la gran proporción de población infantil y adolescente sobrerrepresentada en los hogares en situación de pobreza. En el caso de la juventud, muchos jóvenes logran ubicarse fuera de la pobreza porque trabajan de manera temprana, a costa de su permanencia en el sistema educativo. Si no logramos que se reduzca la pobreza a la par de garantizar como mínimo la culminación de la edad media y un aprendizaje de calidad, estos logros son exiguos, cortoplacistas y temporales.
Una situación similar se da en el caso de las transferencias monetarias por la pensión alimentaria para personas mayores. Se reduce la pobreza de una parte de la población, pero no se garantiza calidad de vida en la vejez.
Entre los dos extremos –niños, niñas y personas mayores– que reciben transferencias públicas, se encuentran jóvenes y adultos en edad de trabajar. Este grupo está golpeado por la ausencia de oportunidades económicas. Más del 60% trabaja en empleos sin seguridad social, con bajos niveles de ingresos laborales, además de volátiles e inseguros. El crecimiento casi no tiene impacto en la reducción de la pobreza y la inflación está carcomiendo los ingresos laborales.
La política de protección social expresada en la alimentación escolar y en la pensión alimentaria para personas mayores, en lugar de cumplir objetivos sustanciales que contribuyan a mejorar la calidad de vida, se está convirtiendo en un colchón para enfrentar las deficiencias de un modelo productivo agotado. Por supuesto que hay que felicitar la implementación de un programa universal de almuerzo escolar, pero este debe sumar y agregar calidad de vida, no remendar los agujeros que va dejando un crecimiento económico que solo sirve para unos pocos.
El país no puede seguir ofreciendo a sus habitantes soluciones parciales, incompletas y fragmentadas. Los niños, niñas y adolescentes de este país merecen no solo el almuerzo escolar, sino también recibir una educación y salud de calidad. Las personas mayores merecen una jubilación digna y una vejez activa y saludable. Solo así, la reducción de la pobreza será permanente y conllevará además calidad de vida.
Paraguay es un país rico en recursos naturales, tiene la potencialidad de producir alimentos a precios justos para toda la población, una población joven deseosa de estudiar y producir; un amplio grupo de personas que trabajan sin recibir los beneficios del crecimiento. Necesitamos no solo reducir la pobreza, sino también transitar hacia una mejor calidad del crecimiento, de manera que las políticas sociales contribuyan a mejorar la vida y el trabajo a generar los ingresos y la seguridad que los trabajadores merecen.
