Las víctimas de la mafia de los pagarés han solicitado a la Cámara de Diputados la creación de un tribunal que pueda analizar, caso por caso, las cerca de 17.000 estafas que se realizaron contra docentes, médicos y trabajadores en general. Como es sabido, la Cámara de Senadores había conformado hace varios meses una comisión especial que comenzó a investigar la denominada mafia de pagarés.
Esta es considerada una organización delictiva, que planifica estafas a personas asalariadas, todo esto, mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas, pagarés ya cancelados o de contenido falso. La organización delictiva utiliza varias modalidades. A veces, un mismo pagaré es ejecutado en varias ocasiones, lo que termina duplicando y triplicando la deuda; otra modalidad es la firma falsificada, que permite a los delincuentes ejecutar deudas sin el conocimiento ni consentimiento de los deudores. Se han detectado otras modalidades para las cuales es necesaria la complicidad del propio sistema judicial.
Para las víctimas el impacto es catastrófico, como hemos podido ver y escuchar a través de los testimonios de trabajadores, jubilados, maestros y sus familias, quienes pierden sus ahorros y propiedades, y entran en un círculo de angustia sin fin.
La comisión del Senado había presentado algunas conclusiones, algunas de las cuales revelaron que el sistema judicial concentra más de 1,6 billones de guaraníes en depósitos de juicios ejecutivos con graves irregularidades y abusos, y registraron más de 6.000 denuncias.
Esta organización delincuencial está causando un gran daño a las víctimas, como explicaba a este diario la sicóloga Alma Segovia, investigadora y especialista en terapia cognitivo conductual; la mafia de los pagarés ha traído una desesperanza que se va potenciando con la impunidad del sistema, llegando a generar una “crisis familiar total”.
Explicaba la profesional que la víctima, además de luchar contra un criminal, debe hacerlo también contra un aparato judicial que, “en su percepción y a menudo en la realidad, está de parte del victimario. Esta sensación de total abandono por parte del Estado es el factor final que empuja a muchas personas a tomar la decisión más extrema”, explicaba. La carga de una deuda, especialmente cuando es impagable o es producto de una estafa, tiene un impacto profundo en la salud mental.
Es por esta razón que las recientes declaraciones del ministro de Educación, Luis Ramírez, quien dijo que existen “inconsistencias” en los casos, son muy peligrosas. Según datos de la Comisión del Congreso, un 79% de las víctimas son funcionarios públicos, el 6,1% son jubilados y solo el 9,3% empleados privados y del 79% de funcionarios, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación.
Es inaceptable desestimar los desgarradores testimonios de las víctimas. Como es el caso de una licenciada en Educación con cuatro títulos, que hoy se ve obligada a vender pilotines en los conciertos y panchos en la Costanera, para pagar por un electrodoméstico que compró hace nueve años, y de un crédito de G. 1 millón se convirtió en una deuda de 3.000 millones. O el de un docente indígena quien al comprar una cama en 12 cuotas de G. 127.000, ya tuvo que pagar G. 60 millones, pues le sumaron otros electrodomésticos que nunca recibió. Hay varios casos de docentes del Chaco a los que les resulta difícil trasladarse para poder reclamar.
Es urgente y necesaria una acción más eficiente de nuestro sistema judicial, pues caben pocas dudas, a la luz de la información que se dispone, de que el mismo sistema les ha fallado a las víctimas. Es hora de que todos los estafados por la mafia de pagarés reciban una verdadera justicia.
