El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el informe de los principales indicadores financieros correspondiente al mes de octubre último. En dicho reporte señala que la ejecución financiera de la Administración Central asciende a G. 54 billones o aproximadamente USD 7.134,3 millones, al tipo de cambio previsto por la entidad para este ejercicio fiscal. Ese monto representa apenas el 68,4% de todo el presupuesto vigente.
El presupuesto nacional no es una masa homogénea de recursos, sino que está compuesto por partidas con distintos grados de flexibilidad. En un escenario ideal, un Estado destina una porción significativa de sus ingresos a inversión pública (infraestructura, educación, salud). No obstante, esta capacidad se ve severamente limitada por los denominados “gastos rígidos”, cuyo rápido incremento ubica al pago de intereses y capital de la deuda y del déficit de la Caja Fiscal como los más relevantes.
La conjunción de estas dos partidas presupuestarias reduce el espacio fiscal lo que deja una fracción marginal para la implementación de políticas imprescindibles para el bienestar y el crecimiento económico como el financiamiento de la salud, la educación, la protección social y la inversión en infraestructura física.
Estas políticas están actualmente pagando fundamentalmente salarios, lo que es insuficiente para lograr una gestión pública que beneficie a la ciudadanía.
El dato del 70% de ejecución a octubre de 2025 indica la imposibilidad de ejecutar el 30% restante destinado a obras y servicios, precisamente porque los recursos ya fueron absorbidos por los dos rubros señalados.
La falta de financiamiento tiene efectos directos en la población. Caminos, hospitales, escuelas y sistemas de agua potable que no se construyen o mantienen afectan a la calidad de vida de la población e incrementan los costos logísticos para la producción, reduciendo la competitividad del país.
Los sectores de salud y educación están entre los más afectados.
La falta de recursos se traduce en instalaciones sanitarias sin equipamiento y escuelas sin materiales. Esto profundiza la desigualdad e impide el aprovechamiento del bono demográfico.
Paraguay invierte bastante menos que el mínimo necesario, según los parámetros internacionales.
La inversión pública es un motor clave para dinamizar la economía. Al no ejecutarse, se dejan de crear empleos, se reduce la demanda agregada y se pierde la oportunidad de sentar las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo.
El sector público, en lugar de ser un agente de desarrollo, se convierte en un administrador de pasivos.
La problemática alimenta un círculo vicioso. Al no poder invertir en sectores productivos como la educación y la infraestructura, el país limita su potencial de crecimiento económico futuro. Un crecimiento económico más lento se traduce, a su vez, en una menor recaudación tributaria. Con menos ingresos, el Estado se encuentra con una base fiscal aún más reducida para enfrentar los mismos.
La baja ejecución presupuestaria es mucho más que un indicador administrativo.
Es la manifestación palpable de una crisis de sostenibilidad fiscal generada por una baja presión tributaria que obliga al endeudamiento y por las inequidades que se generan derivadas de una Caja Fiscal en desequilibrio y, al mismo tiempo, estrangula la inversión pública, frena el desarrollo y perpetúa la desigualdad debido a la excesiva rapidez del aumento de la deuda.
