El programa estrella de este gobierno, Hambre Cero se había trazado el objetivo de lograr la universalización de la alimentación para llegar a 1.300.000 estudiantes, los 180 días del año lectivo. Redirigiendo los recursos de Fonacide y cuestionando los logros de este programa fue creado un nuevo Fondo Nacional de Alimentación Escolar, Fonae. El proceso no tuvo un óptimo inicio y hubo más de un tropiezo y actualmente se está superando una crisis por la falta de pagos a los proveedores. Sin duda, urge que mejoren la gestión.
Acasi un año del inicio de la implementación, el programa Hambre Cero ha tenido numerosos tropiezos. La deuda con proveedores del programa fue, según explicaron, en gran medida por problemas de papeleo, lo que generó el retraso en los pagos que causó la más reciente dificultad en cuanto al programa.
Recordemos que la mayoría colorada en el Parlamento decidió eliminar el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), creado en 2012 durante el gobierno del presidente Fernando Lugo, que tenía por objeto la distribución de los recursos provenientes de la venta del excedente energético y procedió a crear el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).
En cuanto a Fonacide, tuvo numerosas irregularidades en la década que estuvo funcionando, lamentablemente de las denuncias por corrupción pocos casos tuvieron un proceso penal; la Contraloría había denunciado ante el Ministerio Público a 38 intendentes solo en 2023, entre ellos algunos casos emblemáticos por desvío de fondos del Fonacide. Tristemente, debemos agregar, pese a los recursos, la falta de control y transparencia se ha perdido tiempo y recursos y, por eso, miles de niños y niñas paraguayos todavía aprenden a leer y a escribir bajo un árbol.
Además de eso, debemos recordar que para destinar todos los recursos a la alimentación escolar dejaron de asignarlos a programas y servicios muy importantes; uno de ellos el 10% que iba destinado al Fondo Nacional de Salud que servía para financiar programas para la salud mental, atención integral a pacientes oncológicos y para la provisión de insumos y equipos para el Ministerio de Salud.
Es digno de mencionar, por un lado, el retraso que fue notorio en la implementación de la provisión de alimentos, razón por la cual durante los primeros meses del año los escolares se habían quedado sin almuerzo y merienda. Y, posteriormente, la polémica desatada por las denuncias e imágenes del menú caldo de cerdo aguado que se había servido en una escuela a los niños. Y resulta difícil olvidar que frente a la crisis, el Ministerio de Educación había advertido a los directores de las instituciones con “consecuencias administrativas, civiles o penales”, si hacían reclamos sobre el almuerzo escolar por fuera del módulo determinado para dicho efecto.
Respecto al más reciente problema surgido en Hambre Cero, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, señaló que la deuda con proveedores del programa fue en gran medida por cuestiones de papeleo, lo que generó el retraso del pago. Señaló que hay 15 administraciones de contratos, los gobernadores y sus respectivos departamentos, que tienen un proceso diferente porque tienen un sistema de transferencia mensual de recursos por parte del Ministerio de Economía. La deuda alcanza los G. 400.000 millones y, según Rojas, el retraso con los proveedores se dio por el lento proceso administrativo, que antes se realizaba de forma manual y por las limitaciones de los planes de caja autorizados por el Ministerio de Economía. Dicen los proveedores que el programa precisa de un promedio de USD 37 millones cada mes, considerando que tienen, además, un alto nivel de ejecución.
El ministro explicó que las deudas de 2024 están prácticamente canceladas y que se comenzó a pagar desde mayo lo que corresponde a 2025, aunque en montos pequeños. Los compromisos del gobierno de Santiago Peña con diversos sectores ronda, hasta el momento, los USD 1.160 millones de los cuales a los proveedores de Hambre Cero corresponde USD 150 millones.
Urge que se gestionen de manera más eficiente los recursos, ya que no es aceptable que se ponga en riesgo el alimento de niños y niñas.
