El liberal Pastor Vera Bejarano fue el primero en hacer referencia al asesinato del intendente de Tacuatí el domingo pasado. Mencionó que existe un sentimiento de tristeza, un estado de vulnerabilidad e impotencia por parte de la ciudadanía. Pidió a la Fiscalía, la Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que intervengan con mayor rigor en la zona y que el presidente Horacio Cartes disponga de su mejor equipo para aclarar los casos de crímenes en la zona, ya que otros ex intendentes de la ciudad habían sido asesinados.
Para el diputado, los pobladores de Tacuatí viven en el abandono y la inseguridad, “un estado de anarquía prácticamente, que si no se controla puede extenderse a otras zonas de la región”, expresó ante el pleno.
Perla de Vázquez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), manifestó que siente un profundo dolor por la muerte de su correligionario. Lo describió como una persona memorable, sencilla y maravillosa. Dijo confiar en la Justicia para dar con los responsables del crimen.
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El también colorado, Fredy D’Ecclesiis, diputado por San Pedro, recordó al intendente como una persona que dedicó toda su vida al servicio de la comunidad de Tacuatí. Comentó que le afectó el asesinato de una persona intachable que estaba aportando para el progreso de la ciudad. “Pedimos a todos los organismos de seguridad, encargados de la investigación, que lleguen al fondo de la cuestión y a las últimas consecuencias”, indicó.
Ramón Carrillo fue asesinado el sábado por la tarde por sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Él también viajaba en un biciclo acompañado por su hija de 13 años, pero en pleno casco urbano de Tacuatí lanzó a su hija al suelo al percatarse del ataque. Recibió varios disparos de una pistola 9 mm.
Este jueves, fueron aprehendidas cuatro personas: el hijo del presidente de la Junta Municipal de Tacuatí, Jorge Ramón Larrea; el concejal Alfredo Sosa, y los también políticos Sindulfo Franco y Juan López, durante una serie de cinco allanamientos.
Estas personas habían firmado un pacto político para destituir al intendente. El conflicto comenzó tras el resultado de las internas coloradas de julio del año pasado, según el departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
