Después de un mes de la primera toma, los alumnos del Colegio Tacurú Pucú, de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, reactivaron la protesta este jueves, por un supuesto encubrimiento de irregularidades denunciadas. Cuentan con el apoyo de los padres.
A través de un comunicado, pidieron que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) investigue los hechos a través de su Unidad de Anticorrupción, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.
Una primera toma de colegio, que se realizó hace un mes, derivó en la reasignación de Liliana Arzamendia González como directora de la institución educativa, en tanto un equipo de gestión del MEC realiza una verificación administrativa, pedagógica y comunitaria en el colegio por disposición de las autoridades de la cartera educativa.
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Sin embargo, tanto padres como estudiantes alegan un supuesto encubrimiento en el proceso, por parte de los que llevan adelante la verificación.
Ante la desconfianza, exigen la intervención de Eduardo Petta, ministro de Educación, o de José Casañas Levi, director de Anticorrupción del Ministerio de Educación.
El equipo de gestión está integrado por el supervisor administrativo Romy Ramón Palacio Curtido, la supervisora pedagógica Mirian Soledad Coronel Cuenca, y el director del turno noche del colegio, César Ozuna Alcaraz.
Supuestas irregularidades
De acuerdo con la denuncia, Liliana Arzamendia habría organizado un sorteo para recaudar fondos, ante la supuesta falta de presupuesto para el colegio. Sin embargo, la institución educativa contaba con un monto de G. 63 millones en concepto de aportes voluntarios por inscripciones, sostuvo Marcos Páez, presidente del Centro de Estudiantes de Tacurú Pucú.
En un balance presentado ante la Contraloría General de la República se incluyeron compras de electrodomésticos que no ingresaron en el colegio y desembolsos por gastos capital de G. 75 millones que corresponden a gastos corrientes, como la reparación de acondicionadores de aire y otros, denunciaron.
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Se informó sobre la reparación de 45 acondicionadores de aire, sin embargo, en la institución solamente funcionan 10 aparatos de refrigeración, la mayoría arreglados con dinero aportado por los alumnos, indicó Páez.
Se reportó incluso un gasto de casi G. 15 millones en concepto de mantenimiento de estos acondicionadores, con una empresa que pertenece al hermano de la directora.
A los reclamos también se suma el cierre de la Asociación Cooperadora Escolar del colegio, vigente desde 2015, que debía presentar balance y rendición de cuentas tras una asamblea este año. Esta asociación se disolvió por orden de la directora.
Páez manifestó que la Supervisión pretende blanquear todo esto y encubrir a Arzamendia.
