“Los ministros de Salud (María Teresa Barán) y de Educación (Luis Ramírez) no deben permitir que una docente, una enfermera o cualquier otro funcionario sufra embargos superiores al 25% de su salario, salvo en casos de asistencia alimentaria. Esto está ocurriendo y están violando la ley”, dijo el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión antimafia de pagarés.
“Lo mismo –dijo– corresponde al ministro del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) respecto a las personas jubiladas, también gravemente afectadas por la mafia de los pagarés”.
¿Qué establece la ley?
En el artículo 716 del Código Procesal Civil, en su inciso c) menciona los Bienes inembargables, donde estipula que “No se trabará nunca embargo: c) sobre honorarios profesionales, comisiones, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, sino hasta el veinticinco por ciento, salvo lo dispuesto por leyes especiales”.
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Es decir, que solo hasta el 25% del salario de un trabajador puede ser objeto de embargo. Sin embargo, ahora el parlamentario advierte que varios ministros también son responsables por permitir descuentos por encima de lo permitido.
“En reunión con ministros de la Corte coincidimos en que las autoridades de cada institución son responsables de hacer cumplir las leyes que protegen a los trabajadores”, lanzó.
Este tema ya fue abordado el pasado lunes, en reunión con los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, quienes finalmente aceptaron la invitación de la Comisión Especial de Investigación.
Casi el 80% de víctimas son funcionarios públicos
Los resultados preliminares del registro de víctimas, obtenidos por la Comisión de Investigación de la mafia de los pagarés, muestran que de 2.000 personas afectadas, el 79% es funcionario público, mientras que el 6,1% es jubilado y solo el 9,3% es empleado privado.
De ese 79% que es empleado público, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es decir, que en su mayoría son docentes, mientras que alrededor del 15% es funcionario del Ministerio de Salud.
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Del total, además, el 68% de las víctimas son mujeres, y el 32% son hombres.
Además, el dato más alarmante, es que el 92% alegó que nunca recibió notificación alguna en los juicios en su contra, y que el 77% actualmente sigue sufriendo embargos mensuales.
