La búsqueda de justicia para una familia de Curuguaty vuelve a enfrentar un nuevo obstáculo.
Por quinta vez fue suspendido el juicio oral y público que debía determinar la responsabilidad de un hombre acusado en una causa por un supuesto hecho de abuso sexual en niños, cuya víctima era una niña de apenas ocho años al momento de los hechos denunciados.
La audiencia estaba prevista para este martes en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú.
Sin embargo, según la notificación recibida por la querella y los padres de la víctima, la defensa del acusado presentó un certificado médico, motivo por el cual el Tribunal de Sentencia resolvió postergar nuevamente el inicio del juicio.
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La decisión generó profunda indignación entre los familiares de la víctima, quienes aseguran que desde hace ocho años esperan que el caso llegue a una conclusión judicial. Sostienen que las reiteradas suspensiones han prolongado innecesariamente el proceso y aumentado el sufrimiento de la familia.
“Ya no sabemos a dónde recurrir. Han pasado ocho años y seguimos esperando justicia para nuestra hija. Cada vez que se fija una fecha para el juicio surge algún planteamiento que termina suspendiendo todo nuevamente”, expresó el padre de la víctima.
Los familiares cuestionan además que el Tribunal haya aceptado en reiteradas ocasiones los argumentos planteados por la defensa, situación que considera una maniobra dilatoria que impide avanzar hacia una resolución definitiva del caso.
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Para los padres, la realización del juicio oral es fundamental para que se esclarezcan los hechos denunciados y se determine si existe responsabilidad penal por parte del acusado. Afirman que el largo tiempo transcurrido sin una sentencia representa una revictimización para la familia y una señal preocupante sobre el acceso a la Justicia.
Tras la nueva postergación, el Tribunal de Sentencia fijó una nueva fecha para el juicio oral y público: el próximo 1 de julio, a las 09:30, en la sede judicial de Saltos del Guairá.
La expectativa de los familiares es que esta vez el proceso pueda desarrollarse sin nuevas interrupciones y que, finalmente, después de ocho años de espera, la Justicia pueda emitir una decisión sobre uno de los casos más sensibles que ha conmocionado a la familia de la víctima.
