“Me liquidaron de mi trabajo hoy por no ser ‘normal’. Ser ‘normal’ es ser heterosexual. Al menos en mi trabajo”. Así empezó el relato que hizo en las redes Matías Ayala, un joven que denunció a la empresa de electrodomésticos Bristol por discriminación. Su relato es harto común para cualquiera que “empezó de abajo” en el sector privado, especialmente en ventas: un salario básico menor al mínimo más las comisiones, sin seguro social y una cultura de maltrato. Desde amenazas de agresiones físicas hasta insultos dirigidos a su orientación sexual. Cansado del ambiente hostil, Matías cuenta que recurrió a la oficina de Recursos Humanos y días después fue invitado a firmar su liquidación y retirarse.
La empresa, por su parte, tuvo un pésimo manejo de crisis. Emitió un escueto comunicado en el cual niegan cualquier tipo de discriminación y a la par algunos de sus empleados jóvenes iniciaron una campaña en las redes defendiendo a la firma. El relato de Matías permite sospechar que fueron presionados a defender a la compañía en las redes. Con una lógica difícil de entender, Bristol negó cualquier tipo de discriminación dentro de la empresa, pero paralelamente despidió al jefe acusado de homofóbico. Matías hizo la denuncia correspondiente en el Ministerio del Trabajo.
Hace unos meses un grupo de ex empleados de la firma Tupí, también dedicada a la venta de electrodomésticos, empezó a relatar en las redes las condiciones de explotación en las que trabajaban. De nuevo, las numerosas denuncias señalaban violaciones de derechos básicos: salarios menores al mínimo, jornadas laborales de mucho más de ocho horas, maltratos y sin IPS ni pago de feriados.
En este caso también hubo una fiscalización del Ministerio del Trabajo tras las denuncias. No obstante, con apenas 26 fiscalizadores a cargo de controlar el cumplimiento del Código Laboral en las miles de empresas de todo el país, ¿qué tanto puede hacer un Ministerio frente a tanta impunidad?
A esto hay que sumar las limitaciones legales de la secretaría estatal: es incapaz de obligar a una empresa a sentarse en una mesa a negociar con sus trabajadores y una importante cantidad de multas emitidas por el Ministerio son judicializadas por parte de las empresas sancionadas. En síntesis, violan la ley, el Ministerio lo constata, pero después recurren a la Justicia para evitar el castigo y muchas veces lo logran.
Las violaciones de derechos laborales se dan en prácticamente todos los sectores. En la mayoría de los casos, el trabajador explotado al no lograr una solución mediante la intervención del Ministerio del Trabajo, queda en la dis-yuntiva de iniciar una demanda laboral –que implica dinero, tiempo y fortaleza física y emocional– o salir a buscar otro empleo, porque el hambre no espera y los derechos laborales son un lujo en un país cooptado por la corrupción.
Los indicadores revelan un país opacado por los engañosos números de la macroeconomía pujante. Paraguay es uno de los países con más bajos índices de sindicalización en la región. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 65% de las personas ocupadas trabajan en la informalidad, es decir, sin seguro social. En total son más de 1.681.000 personas. El 93,9% de paraguayos de 15 a 19 años empiezan su vida laboral en la ilegalidad y la desprotección total. Apenas hace dos años la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) advertía que solo el 20% de los trabajadores paraguayos pueden acceder a un seguro y jubilación.
Por todo esto las pocas personas que se animan a denunciar explotación, discriminación y maltratos en el lugar de trabajo son cruciales para mejorar las condiciones laborales de todos y todas.
La desprotección en la que se encuentran los empleados del sector privado es insostenible.
