La Senad calificó a las dos personas abatidas en una comunidad Ava Guarani en Corpus Christi, Canindeyú, como “objetivos de gran importancia de la organización de Macho Acosta”. La versión oficial sostiene que portaban fusiles FAL calibre 7.62 mm y que se produjo un enfrentamiento a tiros.
¿Dos nativos vinculados con el narcotráfico? Ciertamente, es una posibilidad, pues este fenómeno se ha extendido en dicho departamento y, con frecuencia, los grupos criminales cooptan a indígenas como apoyo logístico y vigilancia de las plantaciones.
Los fallecidos eran Antonio Carrillo, líder del pueblo originario, y Catalino Correa, docente de la escuela local. En los días siguientes, la comunidad rechazó categóricamente ese relato y aseguró, con testimonios contundentes, que las víctimas no eran delincuentes. A Correa se le ve en videos realizados minutos antes participando de un festejo por el Día del Niño en la escuela donde enseñaba. Carrillo había presentado en los días previos denuncias ante el Ministerio del Interior sobre maniobras para expulsarlos de sus tierras, incluyendo presencia de policías y civiles armados.
Desde la distancia, ¿a quién creer? Solo que hay organismos y personas respetables con dudas sobre lo sucedido. Hubo comunicados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), de la Pastoral Indígena (Conapi), órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya y del cardenal Adalberto Martínez.
Es inusual que la muerte de indígenas adquiera relevancia. Su vida ha sido ancestralmente desvalorizada. Por eso, habría que prestar mucha atención en lo que pasó en Corpus Christi.
¿Podrían haber sido ejecutados? Hasta ahora, no ha aparecido la orden judicial del procedimiento que, además, extrañamente, no fue filmado.
¿Recuerdan Curuguaty?
La autopsia reveló que los cadáveres presentaban heridas de bala en la boca, ¿casualidad? El disparo que recibió Correa tenía una trayectoria descendente, algo raro en una situación de enfrentamiento a distancia y en terreno plano. Los testigos aseveran que Correa conducía el vehículo al salir de la escuela, minutos antes de los disparos; sin embargo, su cadáver apareció en el asiento del pasajero. En la comunidad dicen que los agentes hicieron bajar a las víctimas del vehículo, las torturaron y luego acabaron con sus vidas
La crónica periodística habla de que otro líder indígena, Fulgencio Carrillo, hermano de Antonio, desapareció el mismo día del operativo. Su camioneta fue encontrada quemada. Esto agrega más interrogantes a este polémico caso.
Estas muertes pueden no estar vinculadas al narcotráfico, sino a un conflicto territorial de fondo. El terreno en disputa, donde viven unas 300 familias indígenas, tiene 11.000 hectáreas y forma parte de la Estancia América, cuya propiedad está en litigio y es administrada por orden judicial por el abogado Cristian Aguayo, ex candidato a intendente de Nueva Esperanza.
La viuda de Carrillo reveló que fue él quien convocó a su esposo a una reunión en dicha estancia. Como no disponía de un vehículo propio, le pidió al profesor de la comunidad, Correa, que lo llevara en su auto hasta el punto de encuentro. El padre de Correa afirmó que el conflicto no es por “Macho ni el EPP, sino por tierra”, y que una empresa pretende despojar a la comunidad indígena de sus territorios.
¿Debemos creer la narrativa oficial o estamos ante una emboscada con participación de fuerzas del Estado? La Senad se defendió publicando un video confuso que no demuestra nada. En cualquier caso, ¿es legítimo que un organismo antidrogas realice operativos letales en comunidades indígenas sin control fiscal ni orden judicial?
Ante tantas dudas, el fiscal general, Emiliano Rolón, conformó un equipo de investigación, del que se espera un trabajo serio. Que no suceda lo del caso Curuguaty, cuando, con el voto de Rolón, se anuló la pésima investigación del fiscal Jalil Rachid, hoy ministro de la Senad. Curiosamente el destino los vuelve a juntar. Ojalá que, esta vez, se conozca la verdad.
