El 4 de agosto pasado la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios –la DNIT– cumplió tres años. Su creación buscó integrar la SET y Aduanas para ganar eficiencia y elevar la recaudación sin tocar tasas. Era una solución atractiva en un país donde hablar de subir impuestos sigue siendo casi un tabú.
Los aniversarios institucionales son terreno fértil para los números redondos. La DNIT destaca unos USD 1.500 millones adicionales de recaudación desde su creación. La cifra impresiona, pero surge de sumar diferencias nominales de varios ejercicios y no permite saber cuánto provino realmente de una mejor administración tributaria.
La Ley 6380 fue promulgada en 2019 para modernizar el sistema tributario y elevar una presión tributaria que rondaba el 10% del PIB. Su maduración quedó atravesada por la pandemia y una recuperación irregular. Desde 2023, en cambio, Paraguay entró en un ciclo más favorable. Con una economía que crece, más ventas, utilidades e importaciones producen más impuestos aun sin mejorar la eficiencia recaudatoria.
Además, varios instrumentos cuyos frutos hoy recoge la DNIT son anteriores a ella. El SIFEN fue creado en 2017, su plan piloto comenzó en 2018 y la adhesión voluntaria en 2019. Después vinieron la masificación de la factura electrónica, e-Kuatia y, ya bajo la DNIT, la integración institucional y la gestión de riesgos. La mejora existe, pero no empezó en agosto de 2023.
Aquí aparece el problema: Todos estos esfuerzos parecen conducir al mismo techo. La reforma de 2019 apuntaba a acercar la presión tributaria al 12% del PIB. Los programas posteriores también persiguen ese nivel, según los propios reportes de la DNIT. Si todas esas reformas prometen ganancias, ¿cuánto margen queda? ¿O la estructura actual ya llegó a su límite, como advirtió Benigno López?
La evidencia internacional da una pista. El FMI documentó recientemente quince años de reforma de la administración tributaria en Grecia. Allí hubo autonomía institucional, unidades especializadas, gestión de riesgos, facturación electrónica, cruces de datos, POS conectados y fiscalización casi en tiempo real. La brecha de cumplimiento del IVA cayó de 30% a 9%. Pero Grecia no se limitó a mejorar la administración, también amplió bases, redujo exenciones y elevó el IVA del 19% al 24%.
Ese detalle importa para Paraguay, país catalogado de ingreso medio alto desde 2015. A medida que las economías avanzan, aumentan las demandas por salud, educación, infraestructura y protección social. Y, aunque no es automático, el gasto público tiende a crecer con el ingreso y, con él, la presión sobre el fisco.
Es perfectamente posible recaudar USD 600 u 800 millones más en algunos años, como señaló días atrás el director de la DNIT, Óscar Orué. Con crecimiento real, inflación y un ciclo favorable, una parte importante llegará por simple inercia. Lo relevante es cuánto aumenta la recaudación respecto del PIB y cuánto de ese aumento proviene de cerrar brechas de cumplimiento.
Formalizar más y combatir la evasión sigue siendo indispensable. Pero no sustituye la discusión sobre bases, exoneraciones y diseño de los impuestos. El propio FMI advierte que, agotadas las ganancias de eficiencia, Paraguay deberá revisar sus regímenes tributarios.
Recaudar más no es sumar millones a una cifra vieja. Es conseguir que el Estado capture de manera sostenible una mayor parte de una economía que también crece. Si la presión tributaria no sube, los récords nominales pueden repetirse año tras año, pero la restricción estructural de ingresos persistirá.
