Todos buscan a Macho, pero nadie encuentra a Macho.
Desde diciembre de 2023, policías, militares, agentes antidrogas y fiscales realizan operativos para capturar a Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, uno de los hombres más buscados del país. Hubo allanamientos, enfrentamientos, campamentos destruidos, armas incautadas, toneladas de marihuana eliminadas, detenidos y muertos. Desde 2024, además, Canindeyú vive una creciente militarización de sus territorios con la excusa de desarticular estructuras del crimen organizado.
Sin embargo, Macho sigue sin aparecer. Quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntarnos dónde se esconde, deberíamos preguntarnos qué relaciones de poder hacen posible que una persona buscada tan intensamente, al menos en el relato oficial, permanezca invisible en un territorio intensamente vigilado por el Estado.
Porque Macho no parece estar escondido en un lugar desconocido. Varios interlocutores lo vieron en partidos de fútbol, compartiendo rondas de cerveza, además, se conocen perfectamente sus zonas de influencia, sus campamentos. Se conocen personas que formarían parte de su primer anillo de seguridad. Se conocen sus enemigos y aliados. Incluso se conocen comunidades y territorios en los que supuestamente opera su estructura.
Desde hace años venimos estudiando estas dinámicas en Canindeyú. En 2023, cuando una intervención policial en Brítez Cué volvió a poner a la marihuana en el centro del debate, sostuve que allí estaba prácticamente legalizada, no jurídicamente, por supuesto, sino socialmente tolerada y convertida en una actividad económica de la que dependen miles de personas.
En 2024 advertíamos otro cambio. Se habían quebrado algunos equilibrios entre los patrones que durante años administraron los mercados ilegales de Canindeyú. Macho emergía con fuerza en ese escenario y parecía disputar el monopolio de una parte importante del mercado. Luego del atentado que sufrió en febrero de ese año, la sucesión de asesinatos y venganzas convirtió algunas zonas del departamento en lo que entonces definí como un “escenario de guerra”.
Una estructura criminal de estas características no se sostiene solamente con hombres armados. Necesita información, vehículos, combustible, mover marihuana, cocaína y armas. Necesita atravesar caminos, rutas, puestos policiales y controles. Necesita lavar y gastar dinero. Necesita saber cuándo habrá un allanamiento y cuándo conviene desaparecer. Fundamentalmente, necesita protección.
En nuestras investigaciones en la frontera encontramos reiteradamente que las economías criminales no funcionan fuera del Estado ni enfrentadas a él, sino relacionándose con sus agentes. Policías, militares, funcionarios, políticos y empresarios se convierten en piezas fundamentales de estos mercados. Lo legal y lo ilegal se mezclan hasta resultar difíciles de separar.
Por eso vengo sosteniendo que en Canindeyú existe una especie de alianza público-privada que permite el funcionamiento de sus mercados ilegales. En ese contexto, registramos testimonios que indican que Macho habría proveído camionetas a autoridades y candidatos durante periodos electorales. No son detalles anecdóticos. Son pistas para comprender cómo se construye poder en estos territorios.
Hace apenas unas semanas escribí que algunos puestos policiales de Canindeyú funcionan más como puestos de peajes antes que como lugares de control. Es lo que interlocutores de nuestros trabajos de campo vienen relatando desde hace años. Para que determinadas mercancías circulen, alguien cobra y alguien paga. En este contexto debemos mirar los últimos grandes operativos.
El 13 de agosto, más de 300 policías y nueve fiscales realizaron 16 allanamientos simultáneos contra la estructura atribuida a Macho. El despliegue fue impresionante. Se encontraron armas, municiones y cultivos de marihuana. Hubo detenidos. Macho no estaba.
Al día siguiente, la Senad realizó la Operación Redención en Y’apo. Esta vez hubo muertos. Catalino Correa y Antonio Carrillo fueron presentados inicialmente como integrantes armados de la estructura de Macho. La comunidad indígena sostiene otra cosa. Que uno es docente y el otro líder indígena, que estaban desarmados y que fueron ejecutados. Son acusaciones extremadamente graves que requieren una investigación independiente que permita determinar qué ocurrió.
La situación obliga además a recordar que la Senad tiene antecedentes que impiden otorgar automáticamente credibilidad a cualquier versión institucional. En 2016, Vivian Romina Paredes Zanotti Cavazzoni, de tres años, fue asesinada por agentes antidrogas que dispararon contra el vehículo en el que viajaba, en Villeta. Cinco agentes terminaron condenados por homicidio doloso.
Hay algo profundamente paradójico en todo esto. El Estado despliega cada vez más fuerza sobre Canindeyú. Militariza territorios. Moviliza centenares de policías. Entra a comunidades. Destruye cultivos. Encuentra armas. Detiene personas. Mata personas. Pero no encuentra a Macho.
Tal vez la explicación sea mucho más compleja que su extraordinaria habilidad para esconderse. El poder de un patrón no se mide solamente por la cantidad de fusiles o hectáreas de marihuana que controla. Se mide también por su capacidad para construir relaciones. Por saber antes que otros lo que ocurrirá. Por conseguir protección. Por comprar silencios. Por transformar funcionarios públicos en colaboradores y por establecer vínculos con sectores políticos, económicos y sociales.
Macho puede ser capturado mañana. Eso no modificará el problema porque Canindeyú seguirá produciendo otros Machos mientras permanezcan intactas las condiciones que permiten que determinados actores acumulen poder mediante la combinación de dinero ilegal, violencia y protección institucional.
