El proyecto de ley que dispone que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por la vía de procesos de carácter nacional, se establezcan incrementos en el margen de preferencia a favor de los productos y servicios de origen nacional del 20% actual al 40% fue sancionado con 56 votos.
La normativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, busca paliar el fuerte impacto económico que causó la emergencia sanitaria por Covid-19 en la economía nacional.
Durante el debate se presentaron otras propuestas, pero que finalmente no prosperaron; entre ellas, se propuso que el incremento sea “hasta el 40%”, y de manera temporal; además de que se establezca taxativamente qué rubros iban a tener esa preferencia.
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La que en todo momento se mostró en contra fue la diputada Celeste Amarilla, quien sostuvo que solo las grandes empresas contratistas del Estado serán las beneficiadas, en detrimento de las arcas del Estado, que posiblemente no tendrá precios competitivos hacia abajo, atendiendo a que muchas empresas tienen un mayor costo operativo.
También los diputados del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián García y Sebastián Villarejo señalaron que la propuesta es contradictoria al acuerdo de libre comercio. Sin embargo, se optó en mayoría por aprobar sin modificaciones.
En defensa del proyecto, el diputado cartista Raúl Latorre mencionó que existen datos estadísticos alarmantes que evidencian una crisis económica, no solamente en el país, sino a nivel mundial.
Refirió que el proyecto de ley está centrado en la protección del empleo, impulso a la reactivación y el favorecimiento del desarrollo económico en nuestro país.
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“Desde 1870, es la primera vez que va a disminuir el ingreso per cápita; tenemos que prepararnos para el pos-Covid-19, ya que habrá bajo crecimiento económico”, comentó.
Igualmente, su compañero de bancada, el diputado Basilio Núñez, se pronunció a a favor del documento legislativo e indicó que la industria nacional requiere de una política pública que fortalezca la industria nacional.
El legislador Édgar Ortiz, a su turno, manifestó que esto beneficiará a los paraguayos, porque las inversiones quedarán en el Paraguay. El texto sancionado fue remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.
