El comunicado institucional señala que el escenario citado “es preocupante porque elimina cualquier derecho a la igualdad de competencia y podría traer importantes pérdidas para el sector importador que siempre ha ofrecido mejores opciones de compras para el Estado y del cual depende una muy importante cadena de valor incluyendo a los empleados y trabajadores”.
Agrega que, de darse esta situación, podría también generar competencias disfrazadas en sectores donde la producción nacional aún no se desenvuelve a cabalidad, aumentando la competencia desleal a un sector que siempre ha contribuido enormemente a la economía nacional, tanto en la recaudación fiscal, como en la generación de empleo. Subraya que gran parte de la recaudación del país descansa en los ingresos aduaneros.
El CIP, seguidamente, exige a las autoridades “que tengan en cuenta el perjuicio económico que generará la vigencia de este proyecto de ley, sobre todo, en las empresas formales que ya están siendo visiblemente afectadas por esta crisis sanitaria, lo cual significa una amenaza a los empleos que las mismas generan”.
Remarca que el sector importador “es un generador de fuentes de trabajo que compite en similares capacidades con la industria hoy día, dado los niveles de automatización, siendo las tareas que la misma desarrolla igualmente oportunidades para la mano de obra nacional con lo cual esta medida es claramente discriminatoria para los mismos”.
