Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, habló al respecto con Monumental 1080 AM y subrayó que la diferencia de gastos de Petróleos Paraguayos (Petropar), con relación a la propuesta que exigen los camioneros, sería ínfima.
Se trata del proyecto de ley por el cual se exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles, que ya tiene media sanción en el Senado y será tratado este martes en la Cámara de Diputados.
El vocero de los emblemas explicó a la radio que la petrolera estatal no cuenta con toda la logística que cubren los intermediarios para la adquisición de combustible y aseguró que esto no afecta al sector privado.
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Por esta razón, si se implementa el proyecto de ley que permitiría la compra en forma directa, Petropar tendría que crear un nuevo área que se encargue de ello o subcontratar para que se hagan los trabajos pertinentes.
“Ahí hay todo un tema con el alquiler del barco, controles de calidad y cantidad, la coordinación en los viajes, los seguros; porque se tiene que hacer el trasvase del producto de una barcaza y eso requiere una coordinación especial”, acotó Jorge Cáceres.
“Y, suponiendo que tiene que comprar de una refinería –que no tiene Petropar–, va a tener que hacer ese trabajo que yo te estoy diciendo. Eso va a implicar nuevamente costos o va a salir más caro”, siguió. Consideró que esto no supone ahorros para Petróleos Paraguayos.
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Gremios camioneros llegaron el lunes hasta Asunción con el objetivo de presionar a los legisladores para la aprobación del proyecto y seguirán en vigilia, a la espera del tratamiento del documento en Diputados.
Amenazaron con no levantar la medida de fuerza hasta que sea sancionado por el Congreso Nacional. Buscan que con esta normativa se reduzcan los precios del combustible.
El proyecto de ley que exigen pretende brindar más autonomía a Petropar y consta de tres artículos, que primero busca exceptuarlo de las compras públicas; segundo, pretende liberarlo de exigir la declaración jurada a proveedores y, por último, pide que rinda cuentas a la Contraloría General de la República.
