Según el documento dirigido a Raúl Latorre, la Junta Municipal “aprobó ilícitamente”, el pasado jueves 20 de noviembre, “un presupuesto plurianual por tres ejercicios fiscales, (...) que tendrá vigencia desde 2026 hasta el 2028.
Esta medida, según los legisladores, viola el principio de anualidad presupuestaria establecido tanto en la Ley Orgánica Municipal como en la Constitución Nacional.
En la sesión ordinaria de hoy, Ortega se colocó unos guantes blancos para representar el modo en que las autoridades de la Municipalidad de Asunción, incluidos los concejales aliados a Bello, deben acudir a diario a sus oficinas para avalar decisiones irregulares.
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“Me los quito (los guantes), porque no necesito estos guantes blancos para entrar a la Municipalidad, nosotros vamos a entrar con las manos limpias”, aseguró la diputada.
En los fundamentos del proyecto, firmado por Ortega y Benítez, se afirma que “al extender la Junta Municipal la vigencia presupuestaria hasta 2028, la mayoría que hoy controla la Junta condicionó estructuralmente a la futura Administración Municipal”.
“Para la próxima administración, introducir reformas, recortes o reestructuraciones será complicado. De hecho, para la ciudadanía, la medida puede ser percibida como una forma de asegurar la continuidad de una línea política”, indica el documento.
El artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal establece que la Junta Municipal debe sancionar anualmente la Ordenanza de Presupuesto y la Ordenanza Tributaria.
Asimismo, según consta en el proyecto de declaración, el artículo 216 de la Constitución Nacional indica que el Presupuesto General de la Nación “debe ser presentado, estudiado y aprobado anualmente, fijando así una regla estructural del sistema presupuestario paraguayo”.
“La irregularidad es seria, y su corrección resulta indispensable para restablecer la legalidad en el proceso presupuestario de la Municipalidad”, señala el texto.
El proyecto de declaración presentado por los referidos diputados insta a la Cámara a pronunciarse en contra de esta medida.
“Ante la aprobación de un presupuesto plurianual que contraviene la Ley Orgánica Municipal, el silencio parlamentario equivaldría a convalidar una ilicitud que afecta la institucionalidad democrática”, se indica en el documento.
