El gremio señala, mediante un comunicado, que el desvío forzoso de operaciones de transbordo de combustibles hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, tendrá diversas consecuencias y todas ellas implicarán una suba de precios irremediablemente, a lo largo de una gigantesca cadena de suministro de bienes y servicios lo que afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.
“Desde la CNCSP urgimos intervención a las autoridades competentes del Paraguay para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú", indica un comunicado emitido por el gremio liderado por Ricardo dos Santos.
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Asimismo, el gremio insta a que “cualquier revisión futura de condiciones operativas se lleve a cabo dentro de un marco de diálogo técnico e institucional, con la participación de todos los actores involucrados, recordando que Paraguay, como país mediterráneo, depende esencialmente de la libre navegación y de una logística fluida para garantizar su comercio exterior y su abastecimiento interno. Por ello, las decisiones unilaterales que afectan estos procesos deben ser abordadas con responsabilidad y diálogo entre los países involucrados”.
Cabe recodar que Paraguay es un país que importa el 100% de sus combustibles, por lo que cualquier inconveniente y contratiempo logístico tendrá un impacto directo en los precios al consumidor.
Medida unilateral
Según resaltan medios argentinos “la controversia se desató tras conocerse una nota del subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la AFIP dirigida a la Prefectura Naval Argentina, anticipando que en un plazo de 30 días corridos, a partir del 26 de junio, quedarán suspendidas las operaciones de alije en esa zona fluvial por falta de habilitación portuaria”.
La resolución es efecto de una observación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina, “que ante una consulta de la Aduana, advirtió que el área en cuestión no está habilitada como puerto por la autoridad competente”.
Según protagonistas del comercio fluvial, “la decisión busca regularizar una situación que se arrastra desde hace años”.
En este sentido, entre los años 2012 y 2015, la Comisión Binacional de Navegación y Puertos entre Argentina y Paraguay ya planteó la necesidad de “relocalizar los alijos realizados en el km 171 por razones ambientales y de seguridad”.
