28 abr. 2026

Preocupa a relatora de ONU impacto de la ley antioenegés

ONU

Gina Romero

La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y Asamblea manifestó su preocupación por la reglamentación de la ley conocida como antioenegés o ley garrote por perseguir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o de la Sociedad Civil (OSC).
“Causa mucha preocupación ver que el gobierno de @SantiPenap no presta atención a las obligaciones que tiene Paraguay con los DDHH, ni parece importarle los llamados de la comunidad internacional. Estaré observando el proceso de reglamentación de la ley y monitoreando su impacto”, escribió a través de su cuenta de X la relatora de la ONU.

Romero ya había solicitado a Peña el rechazo del proyecto, pero no tuvo eco. Otras organizaciones internacionales y referentes también se manifestaron en contra de la ley por considerarla atentatoria contra el funcionamiento de las instituciones que están directamente vinculadas con la sociedad civil.

Conceptos indefinidos como ‘utilidad pública’, u otros, incluidos en el nuevo texto como ‘interés social y cultural’, como criterios de identificación de OSFL sujetas a la ley, podría abrir la puerta para que su aplicación se haga de forma discrecional la llamada ley antioenegés.

La relatora de Naciones Unidas analizó los alcances del proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. Sostuvo que la ley antioenegés no busca la transparencia. A Radio Monumental 1080 AM sostuvo que las discusiones en el Congreso dieron cuenta de que la ley no se hizo para la búsqueda de la transparencia, sino que es como una guerra contra las organizaciones sociales y contra las oenegés.

Romero había dicho que la normativa está fuera de los estándares internacionales.

“Yo me adhiero a la posición de la defensa y protección de los derechos humanos y, en ese sentido, a la defensa y protección a la libertad de asociación”, puntualizó recientemente.

A su criterio, se debió haber hecho un ejercicio más amplio, plural, diverso y con discusiones de las asociaciones que podrían verse afectadas. “No es verdad que la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro no quieran transparencia. Lo que se necesita es llegar de forma conjunta a un acuerdo sobre cuáles son las normas que deben regular esa transparencia, para que pueda ser tomada de forma técnica y no con intereses políticos”, enfatizó.

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