La Cámara de Senadores tiene previsto como uno de sus principales temas en el orden del día de este miércoles el estudio de un proyecto de ley por el cual se pretende modificar el artículo 207 de la Ley Nº 1680 del Código de la Niñez y Adolescencia, que habla de las penas previstas para niños y adolescentes que cometan hechos delictivos y estén condenados por crímenes según el Derecho Penal.
El documento fue presentado por el senador José Oviedo. El proyecto a ser estudiado por los legisladores contempla el aumento de penas. Actualmente, el artículo habla de un máximo de 8 años de pena privativa de libertad para adolescentes y el nuevo proyecto habla de aumentar este castigo a unos 20 años de cárcel para jóvenes criminales que tengan entre 14 y 17 años.
En ese mismo tenor, otro documento similar fue presentado por el senador colorado Javier Zacarías Irún, aunque la diferencia radica que en dicho documento se solicita una pena de 15 años. También será estudiado en el pleno durante la sesión ordinaria.
En la exposición de motivos, el documento presentado por Oviedo señala que ante el aumento del índice de criminalidad cometidos por menores de edad, por distintos factores internos o externos, “es necesario endurecer las penas a los infractores respecto a los hechos punibles considerados graves”.
“Esto de conformidad a los preceptos legales contemplados en nuestro código penal de fondo, los cuales se ajustan a nuestra Constitución Nacional y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país”, se indica.
Menciona el proyecto que actualmente hay casos en los cuales adolescentes de entre 14 y 17 años “cometen crímenes con premeditación y extrema violencia en pleno uso de sus facultades mentales, ocasionando que la respuesta del sistema penal juvenil resulte insuficiente, tanto en términos de prevención como de justicia efectiva para las víctimas y la sociedad”.
Estructuras delictivas
El proyecto de ley señala además la detección de estructuras delictivas organizadas que se valen de menores de edad para la ejecución de delitos, sabiendo que estos recibirán sanciones reducidas o medidas socioeducativas leves.
“Esta situación no solo socava la autoridad del Estado, sino que también expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”, refiere el texto.
“Esta propuesta no busca criminalizar a la niñez ni a la adolescencia, sino ajustar el sistema penal a la realidad actual del Paraguay, garantizando justicia, disuasión y protección efectiva de los derechos tanto de las víctimas como de los propios adolescentes, evitando su instrumentalización por parte del crimen organizado”, se agrega.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta emitió un dictamen al respecto. El senador Mario Varela, titular de dicha comisión explicó que, si bien se reconoce la gravedad de ciertos delitos cometidos por adolescentes, la Comisión asesora -en mayoría- considera que una pena de hasta 10 años podría ser una alternativa razonable en casos especialmente graves.
“El aumento de pena no va a hacer que disminuyan los casos. Hay que recordar que el niño o adolescente es todavía un ser humano en proceso de formación cognitiva, intelectual y emocional”, señaló el legislador.
En ese contexto, mencionó el caso del reciente homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, en Coronel Oviedo, hecho que generó un fuerte impacto y debate público.
