El proyecto de reforma de la Caja Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional sigue provocando olas, como era de esperarse, ya que supone un gran impacto en gremios de docentes, policías, militares y magistrados judiciales. No obstante, es un reto para el Gobierno, uno de los más importantes. Los datos contenidos en los informes actuariales dados a conocer por el Ministerio de Economía develan la situación. Más que nunca se hace necesaria la eliminación de los privilegios de unos pocos y apuntar a gobernar enfocando en el bien común.
El planteamiento del Ejecutivo de tomar algunas medidas para enfrentar la crisis de la Caja Fiscal está siendo ampliamente discutido y, al mismo tiempo, adversado por aquellos que se verán afectados con la eventual reforma. Particularmente, ha encontrado amplio rechazo la unificación de las cajas jubilatorias de sectores públicos, y la propuesta del Ejecutivo de fijar edad mínima para jubilarse.
Según el informe actuarial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, una reforma permitiría reducir el déficit del sistema y generar un ahorro promedio de USD 573 millones al año para el Tesoro Público entre 2027 y 2031. Para ello detalla algunas medidas necesarias, entre ellas, fijar una edad mínima de jubilación de 57 años (para sectores que no contaban con ella), el aumento del aporte total al 22% (19% de los trabajadores y 3% del Estado) y la unificación de la base de cálculo a los últimos cinco años para la mayoría de los sectores. Según la fuente oficial, estas modificaciones reducirían el déficit actuarial en un 61,6%.
La propuesta recomienda revisar la base reguladora, actualizar periódicamente los beneficios, establecer edades mínimas de jubilación para todos los regímenes y revisar el reconocimiento de años de servicio por hijos, como alguna de las estrategias necesarias para fortalecer la sostenibilidad financiera. Esto supondría un ahorro de USD 573 millones por año.
La reforma es necesaria, pero aun con ella lo que se hace es empujar hacia adelante la solución. Este informe indica que además de extender la solvencia del fondo hasta 2032, la nueva arquitectura permitiría que sectores estratégicos, como la administración pública, el personal de blanco y los magistrados judiciales, transiten hacia un superávit durante el quinquenio.
La reforma es necesaria. Según los informes actuariales del Ministerio de Economía si se mantiene el esquema vigente, el déficit de la caja jubilatoria de los docentes crecería en hasta 200,2% en los próximos 5 años, mientras que el de las fuerzas públicas en su conjunto tendría un incremento superior a 31%.
El debate también es importante, pero también es necesario que no sea solo epidérmico, lo mismo que las alternativas de solución. Se deben cuestionar los privilegios, tanto las jubilaciones vips de los congresistas como las no exigencia de edad mínima para la jubilación, que docentes y jueces obtienen con apenas 50 años, o que muchos policías se jubilan con apenas 10 años de aporte, como militares con 53 años.
Particularmente porque este es un caos multiplicado cuyo origen está en el clientelismo del Partido Colorado en función de gobierno, que ha ido concediendo privilegios desmedidos a su base electoral. Por tanto, la actual crisis financiera y política de la Caja Fiscal “tiene como origen un problema ético y moral”, como señalara el analista Alberto Acosta Garbarino, quien agrega que, refleja la profunda distorsión que tienen nuestros líderes sindicales y nuestros políticos sobre lo que es y debe ser la justicia social y la responsabilidad colectiva.
Ciertamente la seguridad social es fundamental como mecanismo para evitar caer en la pobreza y en el abandono en la vejez y para trabajadores que laboran por 30 años es justo poder recibir una jubilación que le permita vivir una vida digna tras una vida de sacrificio. Por eso mismo es intolerable que algunos paraguayos sostengan sus privilegios, que solo podrán sostenerse con el aporte de otros paraguayos que muy probablemente nunca accederán a una pensión. El Estado debe hacer posible el derecho a la seguridad social, que alcance a todos, sin privilegios ni desigualdades.
