Continúa imparable la ola de delitos violentos en el país. Estos hechos están dejando no solo perjuicio económico, sino también pérdida de vidas. La situación viene a confirmar los datos que se disponen, por ejemplo, Paraguay ocupa el segundo puesto entre los países con mayor índice criminal, según el informe de la Global Organized Crime Index, y los datos de la Fiscalía señalan que cada una hora se reportan nueve víctimas de robos y hurtos en el país. Este debería ser un llamado urgente de atención a las autoridades.
Sin pausa, la ola de inseguridad que afecta al país sigue escalando. Se suceden las denuncias que alertan sobre asaltos incluso en simultáneo en varias ciudades del país. En el mes de enero hubo varios casos, violentos y mortales.
Recordemos el caso en que hombres armados irrumpieron en una casa en la ciudad de Capiatá, Departamento Central y asesinaron de 15 puñaladas a un empresario pakistaní; también maniataron a otras dos personas y además se llevaron dinero, teléfonos celulares y un vehículo. En Ciudad del Este, el intento de robo a un negocio de asistencia técnica de teléfonos dejó como saldo una trabajadora fallecida y un presunto delincuente abatido. El tercer caso fue un robo domiciliario en Fernando de la Mora, con un enfrentamiento a tiros entre el dueño de casa, Mario Roberto Gómez Zayas y un delincuente, Emerson Ruiz Acosta, alias Pingüi, ambos fallecieron.
Este último caso, tan polémico, por la despedida que recibió el joven delincuente en su sepelio, reveló además la responsabilidad de nuestro sistema judicial. Alias Pingüi contaba con un extenso prontuario y graves antecedentes policiales; con tan solo 20 años, Pingüi tenía antecedentes por hechos de robo agravado, hurto de motocicletas, disparos de arma de fuego, tentativa de homicidio y homicidio doloso.
No caben dudas de que el aumento del delito tiene raíces estructurales profundas, como sostiene Cecilia Pérez, y que “la pobreza, la marginalidad y la ausencia del Estado son facilitadores del delito”. Así también es difícil rebatir el hecho de que el sistema penitenciario reproduce las desigualdades, al concentrar población vulnerable sin políticas de reinserción efectivas. Y que, como señala el comisario principal César Pérez, director de la Oficina Antisecuestro y Terrorismo, la seguridad enfrenta una amenaza por parte de grupos multicriminales, que ya no se limitan a una sola actividad ilícita –como el narcotráfico o el tráfico de armas– sino que van combinando diversos delitos.
En el caso del criminólogo Juan Martens, este opina que el aumento de la inseguridad y violencia, donde la actuación de delincuentes es impredecible ante sus víctimas, es fruto de una falla familiar, social y del Estado. Dice que representa el fracaso de la familia, de la sociedad y del Estado que el sistema escolar no pudo transmitir valores a los niños o no los tuvo dentro del sistema escolar y sus valores son violentos, no democráticos. El experto afirma que también estamos ante “una rabia social, en donde nada importa”.
Frente a esta situación que interpela la responsabilidad de nuestras autoridades la sociedad está urgida de respuestas y alternativas. Recordemos que, según las encuestas nacionales de victimización, la percepción de inseguridad afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Como bien señala Martens, más del 50% de la población paraguaya cree que será víctima de un delito en los próximos meses y esto genera miedo y limita las actividades diarias y la vida cotidiana en general.
La actual situación de inseguridad es una alerta que debe llegar a funcionarios y autoridades. El país necesita estrategias y políticas públicas que logren mejores resultados en el combate a la delincuencia. Incorporar más policías, quienes además tienen menor tiempo de instrucción y, por supuesto, menos formación y herramientas, no será la solución. De acuerdo con la escala de criminalidad de la Global Organized Crime Index, que es una herramienta de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Paraguay ocupa el segundo puesto entre doce países de América del Sur; ese récord no se va a revertir con represión, falta mucho más que eso.