31 ago. 2025

Por cambio de abogado, suspenden audiencia de Ignacio Ortigoza, ex presidente del Indert

Por el cambio de abogado, la jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, tuvo que suspender la audiencia preliminar para Ignacio Luis Ortigoza, el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), capturado la semana pasada, tras estar prófugo desde el 2019.

847f3bed-7729-4115-97ad-bebf1ab77cbf.jpg

Frustrada. La audiencia preliminar de Ignacio Luis Ortigoza fue suspendida por el cambio de abogado.

Foto: Archivo ÚH.

Esta mañana, cuando estaba todo para la audiencia preliminar, con el abogado Álvaro Arias como defensor y el fiscal Silvio Corbeta, el procesado Ignacio Luis Ortigoza llegó con el abogado Miguel Martínez Batista, y revocó el poder a su antiguo defensor y nombró al otro.

Según el encausado, no cuenta con los medios necesarios para sostener al abogado, por lo que no tuvo otra alternativa que cambiarlo. Con ello, Martínez solicitó la suspensión de la audiencia, las copias del expediente y el tiempo necesario para preparar la defensa.

Ante esta situación, la jueza Clara Ruiz Díaz dispuso la suspensión de la diligencia, concedió la intervención al abogado, a más de autorizarle a obtener las copias del expediente. En las próximas horas fijará la fecha para la preliminar.

El abogado manifestó que sacará las copias para preparar la defensa del encausado por la causa por presunta estafa en grado de tentativa, conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público.

Lea más: Jueza decreta prisión para ex titular del Indert Ignacio Ortigoza

En el caso, el ex titular del Indert fue detenido en una redada policial tras estar prófugo por seis años, desde el 2019, por lo que se le puso a disposición de la Justicia. La magistrada le dio prisión preventiva el 4 de julio pasado.

Ortigoza está acusado porque presuntamente intentó vender en forma irregular parte del predio del Aeropuerto de Capitán Bado, en el Amambay, en el 2012.

En este caso, el Ministerio Público solicita que la causa sea elevada a juicio oral, lo que deberá ser estudiado por la magistrada.

Otra causa

Igualmente, Ignacio Luis Ortigoza está acusado en otra causa por presunta lesión de confianza por la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al ex congresista Jorge Oviedo Matto.

Las tierras fueron adquiridas por el Indert por un monto de G. 46.884.846.163, en el 2018, antes de las elecciones, pero estas no eran aptas para la reforma agraria, conforme con la acusación fiscal. En el caso, este participó del juicio oral, pero se fugó sin que pudiera concluir.

En esta causa, debe fijarse fecha para la realización del juicio oral y público al que debe enfrentarse Ortigoza.

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible un recurso de apelación promovido contra el rechazo de la recusación del Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo. Con ello, destrabó la causa que ya lleva 18 años, contra el médico Álder Augusto Mendoza, procesado la muerte por supuesta negligencia de la joven Liz Romina Zárate Licitra (17), en marzo del 2007.
Samuel González Valdez, ex intendente de Arroyito, Concepción, ya cumple con su condena de 5 años de cárcel. El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, determinó el cómputo definitivo de la pena. Fue sentenciado por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, con un perjuicio patrimonial de G. 722.600.000.
El representante de la previsional, José González, dijo que las fotos publicadas datan de años anteriores, cuando él aún no era director jurídico del IPS. Sostuvo que ahora está acompañando denuncias de víctimas en contra del esquema.
Funcionarios de la Dinac y empleados de aeropuertos se confabularon para plantar droga en una maleta que iba a España, según determinó un tribunal que ahora los sentenció. La Fiscalía demostró la participación de los acusados.
Los abogados defensores de la imputada Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, procesada en el caso A Ultranza Paraguay, solicitaron al cónsul general de la República de Uruguay su intervención en el citado proceso, teniendo en cuenta que su detención no fue comunicada al Consulado, sino que se dio aviso 55 días después.
El Banco Nacional de Fomento sigue sin mostrar apertura hacia la Comisión Especial del Congreso que investiga la mafia de los pagarés, pese a las irregularidades en las que estaría implicado, como el descuento de salarios a funcionarios y la supuesta entrega de esos fondos a una empresa privada para su administración.