08 nov 2026

Jueza decreta prisión para ex titular del Indert Ignacio Ortigoza

La jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva del ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, detenido en una redada policial tras estar prófugo desde el 2019.

847f3bed-7729-4115-97ad-bebf1ab77cbf.jpg

La audiencia ante la jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz con el defensor Álvaro Arias.

Foto: Gentileza.

Vía telemática, el procesado Ignacio Luis Ortigoza participó de la audiencia ante la jueza Clara Ruiz Díaz. Además, estuvo el defensor del acusado, el abogado Álvaro Arias, que reconoció que desde la fuga no tuvo contacto con el encausado.

En la diligencia, Arias solicitó la aplicación del arresto domiciliario debido a que se trataba de un hecho punible calificado como delito, a más de que ya había una acusación, por lo que mal podría obstruir las pesquisas.

Sin embargo, la jueza consideró que existía peligro de fuga, debido a que el encausado estuvo prófugo desde el 2019, lo que demuestra su falta de voluntad de someterse a la Justicia.

En el caso, la orden de captura fue reiterada en seis ocasiones, según la magistrada. Con ello, levantó la rebeldía y captura que pesaba sobre el procesado. Además, calificó el hecho como estafa en grado de tentativa y decretó la prisión preventiva del ex titular del Indert.

Además, para darle la continuidad del proceso, fijó la audiencia preliminar para el próximo 11 de julio, a las 08:00, para estudiar la acusación presentada por el Ministerio Público.

6783ed0e-1e04-4560-a8aa-ab0b1b06d880.jpg

Vía telemática. El acusado Ignacio Luis Ortigoza participó de manera telemática.

Foto: Gentileza.

Lea más: En operativo policial cae ex titular del Indert tras permanecer seis años prófugo

En el caso, acusaron a Ortigoza por intentar vender, en forma irregular, parte del predio del Aeropuerto de Capitán Bado, en el Amambay, en el 2012. En este caso, el mismo se fugó antes de la preliminar.

Igualmente, Ortigoza está acusado por presunta lesión de confianza por la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al ex congresista Jorge Oviedo Matto.

Las tierras fueron adquiridas por el Indert por un monto de G. 46.884.846.163, en el 2018, antes de las elecciones, pero estas no eran aptas para la reforma agraria, conforme con la acusación fiscal. En el caso, este participó del juicio oral, pero se fugó sin que pudiera concluir.

Más contenido de esta sección
Según la imputación fiscal, el ex presidente Santiago Peña recibió dos préstamos por más de G. 3.500 millones para construir su mansión de San Bernardino y debía pagar la suma de G. 239 millones mensuales, que equivalen a seis veces su salario como presidente de la República.
En total, serían más de USD 815 millones el perjuicio patrimonial al Estado paraguayo por la actuación realizada por el procesado ex presidente de la República Santiago Peña Palacios, según la imputación del Ministerio Público, al sumar las pérdidas de los depositantes del ámbito privado y los recursos públicos.
Para la Fiscalía, uno de los elementos contra el ex presidente Santiago Peña Palacios fue la defensa pública que realizó a favor de ueno bank pese a conocer las irregularidades, con lo que agravó el daño al Estado paraguayo y a la ciudadanía.
El ex presidente Santiago Peña se reunió el 22 y 27 de agosto del 2024 con Jorge Brítez, en ese entonces titular del Instituto de Previsión Social (IPS), y para el 29 de agosto –dos días después–, el Consejo de Administración de la previsional aprobó la compra de bonos financieros emitidos por ueno bank SA, por la suma de G. 250 mil millones a siete años.
El ex presidente Santiago Peña Palacios, durante los primeros dos años de su mandato presidencial, habría mantenido sus colocaciones del CDA de ueno bank y el bono de itti Saeca y una relación corporativa en ueno Holding Saeca, sociedad vinculada a la citada entidad bancaria, dentro del mismo grupo empresarial, según la imputación del Ministerio Público.
En un procedimiento abreviado, el juez de Garantías, Francisco Acevedo, condenó a dos años de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la pena a la empresaria Dalia López, por el caso de los documentos falsos del ex futbolista brasileño Ronaldhino. La misma estuvo más de seis años prófuga hasta que finalmente fue capturada. Donará en total USD 110.000 y G. 200 millones a varias instituciones.