La nota firmada por los abogados Luis Samaniego Correa y Osvaldo Arrúa señala que se dirigen al Consulado de la República del Uruguay, a los efectos de informar “una grave omisión de garantías procesales, contraria a las normas internacionales vigentes”, ocurrida en perjuicio de la señora Gianina García Troche.
Refieren que la mujer fue extraditada del Reino de España al Paraguay el 21 de mayo pasado, donde fue recibida por la jueza de Garantías Rosarito Montanía y el fiscal Deny Yoon Pak, en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
Indican que en el lugar se realizaron de inmediato dos actos sustanciales, tales como la declaración indagatoria sin que la magistrada haya informado de su derecho a contactar con el Consultado, como lo exige la Convención de Viena, y tampoco se le permitió designar un abogado de confianza, ya que le asignaron un defensor público.
“El Consulado uruguayo no fue notificado sino más de 55 días después del ingreso de la ciudadana al sistema penitenciario paraguayo, lo cual constituye una violación flagrante y no subsanable al derecho consular, al debido proceso legal y al principio de asistencia consular inmediata”, afirman.
Remarcan que “la responsabilidad internacional del Estado paraguayo en esta materia es objetiva”. Indica que esto se estableció por la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Garantías vulneradas dicen
“La omisión del aviso consular vulnera garantías fundamentales del nacional afectado y compromete al Estado receptor”, apuntan los defensores de la procesada García Troche.
Argumentan que la comunicación tardía de la jueza no subsana la violación ocurrida, ni borra las consecuencias penales derivadas de ese incumplimiento.
De esta manera, piden que el Consulado del Uruguay tome conocimiento formal de la situación y adopte las medidas de protección consular activa a favor de la procesada Gianina García Troche.
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Igualmente, que se presente la nota, con carácter urgente, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, para que se evalúe formalmente el accionar del Estado paraguayo, sus posibles consecuencias diplomáticas y jurídicas y se activen los mecanismos de protección previstos en el derecho internacional.
Finalmente, que se haga constar formalmente el incumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena, con fines de documentación y seguimiento.
Los defensores señalan que de lo requerido se puso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Cancillería Nacional.
La esposa del prófugo Sebastián Marset, Gianina García Troche, está detenida y procesada por lavado de dinero en el caso A Ultranza Paraguay. Cumple con su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué.
