Mientras el sistema de Justicia se centra en ser duro con los microdelitos, como son el hurto, apropiación y otros, hay personas con poder y condenadas a elevadas penas que siguen gozando de libertad. Esto se conoce como “selectividad penal”.
Consultando al Ministerio de Justicia, llegamos a un informe de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, que revela datos alarmantes: Central se asfixia con 1.431 personas presas por delitos menores.
Esta cifra forma parte del total, que son 3.152 procesados por delitos a nivel nacional, que bastarían para llenar tres penitenciarías completas.
Según el Código Penal, son delitos los hechos punibles cuya sanción sea una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa, es decir, que la expectativa de pena es baja con relación a los crímenes.
La Corte Suprema de Justicia ya había hecho una bajada de línea en el 2021, en una acordada, que expone el uso excesivo de la prisión preventiva, la cual solo se debía aplicar de manera “excepcional”.
Según los datos, hay personas presas por resistencia, producción de documentos no auténticos, apropiación, denuncia falsa, perturbación a la paz pública, perturbación de instalación de telecomunicaciones o abusos de documentos de identidad.
La asimetría
“Evidentemente, hay una selección”, confirmó el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel.
Esto, luego de preguntarse, ¿por qué condenados en primera instancia a penas de 5 años o más pueden tener medidas alternativas e imputados con misma expectativa de pena “terminan con prisión preventiva durante todo el proceso”?
Usó el término de “selectividad penal”, al referirse a que algunas personas son más vulnerables “a ser criminalizadas”.
Y puso como ejemplo: “Si salgo de una zona vulnerable trajeado, y tengo en mi bolsillo cocaína, el policía no me va a retener”. Sin embargo, si la persona que sale de ahí se ve vulnerable, “probablemente sea inspeccionado. Por ese simple hecho, va a terminar en la comisaría y es altamente problemático que termine en la penitenciaría”, lamentó.
Mismo parecer compartió el comisionado Óscar Ayala Amarilla, del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP), quien confirmó que del universo penitenciario, el 60% son procesados.
“Estamos ante una política judicial que criminaliza la pobreza”, precisó, que es un factor muy fuerte no tenido en cuenta por el Estado.
Tenemos un sistema procesal penal que frustra las posibilidades de medidas alternativas a la prisión cuando uno no tiene medio para ofrecer garantías reales, “esto genera un trato absolutamente desigual”, dijo el comisionado.
¿Cómo reducir la vulnerabilidad?
El viceministro Rubén Maciel explicó que lo que se debe hacer, desde el punto de vista penitenciario, es revisar también los factores de vulnerabilidad de los recluidos.
Así, el Ministerio de Justicia, como encargado de llevar adelante los tratamientos penitenciarios, lleve programas para reducir esa vulnerabilidad.
Justicia de dos velocidades: Benevolente con el poder
- Hugo Javier González. Está libre, pese a estar condenado a 10 años de cárcel (con sentencia ratificada en segunda instancia) por desvío de G. 5.105 millones, entre noviembre del año 2020 y julio de 2021 durante su gestión como gobernador del Departamento Central.
- Miguel Cuevas. Sigue libre, a pesar de contar con una sentencia de 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, desde el 2023. El ex diputado logró llegar hasta la Corte para evitar cumplir la condena y allí sigue trabado su caso.
- Erico Galeano. Este año fue condenado a 13 años de cárcel el actual senador colorado, quien cuenta con apoyo político de su partido. El caso está pendiente en Apelaciones, donde la Fiscalía pide confirmar la sentencia.
En el caso, quedó probado que tuvo vínculos con los presuntos narcos, el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quienes lideraban una estructura criminal que enviaba cocaína a Europa, según investigación.
Galeano fue declarado culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
- Óscar Venancio Núñez. El ex gobernador de Presidente Hayes, hermano del actual presidente del Senado, Basilio Bachi Núñez, tiene una condena de 11 años de cárcel por causar un perjuicio al Estado paraguayo de G. 52.500 millones. Pero goza de arresto domiciliario.
