Sobre la muerte del bebé en la ciudad de Villarrica, la sociedad debe recordar que el Gobierno de Santiago Peña habilitó instalaciones que luego no estuvieron en funcionamiento. El populismo que promovió un evento solo para contar con una foto y una propaganda oficial costó la vida de un bebé. Eso es intolerable.
Los profesionales de la salud se muestran muy preocupados, como el caso del doctor Sebastián Brítez, pediatra neonatólogo, coordinador de UCI neonatal del Hospital de Santísima Trinidad, quien recordó que desde hace años los especialistas piden al Ministerio de Salud mejoras, aunque sus reclamos siguen siendo ignorados.
Por otra parte, desde el Sindicato Nacional de Médicos se cuestiona que los directivos del sistema sanitario son designados por “cupos políticos” en lugar de méritos profesionales, por esto se tiene “una administración deficiente, con personas en cargos claves que no tienen experiencia en hospitales”, denunciaba la representante del sindicato (ÚH, 4-03-25). Desde el gremio reclaman la falta de planificación en la construcción de hospitales cascarón, citando casos como el Hospital de Coronel Oviedo, que no cuenta con terapia pediátrica, y el Hospital de Santa Rosa del Labrador, que, en menos de seis meses, perdió a sus especialistas por la falta de previsión en la organización de los servicios.
Las consecuencias directas de la mala gestión de los recursos públicos afectan a los ciudadanos que acuden a las dependencias públicas y reciben no solamente malos servicios, sino además la indiferencia de funcionarios que muchas veces acceden a los cargos exclusivamente por sus conexiones político-partidarias y no por sus méritos. Esto sucede así porque quienes acceden a cargos públicos gracias a favores políticos, pasando por alto los procesos de selección les rinden cuentas a quienes les hicieron el favor y no a la ciudadanía que, con sus impuestos, financia sus salarios y beneficios.
Cuando estas condiciones de politización y clientelismo afectan temas como salud y educación, sin duda nos acercamos no solo a una forma de Estado ausente, sino peligrosamente a un Estado fallido.
La salud no es el único rubro donde esta situación se da. Según datos de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular del Paraguay, en estos momentos, hay 13 embajadores que son nombramiento político, y no pertenecen al escalafón diplomático ni son funcionarios administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. También en los puestos de menores rangos se dan los nombramientos de personas que no pertenecen al plantel de funcionarios, sino son cargos destinados al pago de lealtades políticas, de rotación muy dinámica y que preferentemente se dan en las oficinas consulares y embajadas en países de la región. Recordemos el caso de la hija del diputado colorado Yamil Esgaib, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa en la Embajada ante el Reino Unido con un salario millonario, nombramiento que fuera justificado por el mismo presidente Santiago Peña.
Paraguay no podrá avanzar sin profesionalizar el servicio de la función pública, y tampoco va a mejorar la gestión pública y la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la población. Las instituciones del Estado deben estar al servicio de quienes con sus impuestos sostienen la pesada carga y merecen una vida digna.
La clase política no debe olvidar que el pueblo es el mandante y que autoridades y funcionarios tienen la obligación de prestar servicios eficientes.
