Esta semana debía iniciarse el juicio al senador Erico Galeano; sin embargo, los representantes legales del parlamentario colorado cartista recusaron a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, que lo investigan por supuestos hechos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por lo que el juicio oral y público quedó suspendido. Tres años ya transcurrieron desde el día en que se develó la información obtenida por el Operativo A Ultranza Py. Este nuevo aplazamiento habla, sin duda, de los lentos avances de nuestra Justicia.
El senador Erico Galeano (ANR-HC), a través de sus abogados recusó a los fiscales que investigan el caso de lavado de dinero en el marco del Operativo A Ultranza Py. El argumento esgrimido por el abogado del legislador apunta a que los fiscales “perdieron el criterio del principio de objetividad”. La recusación fue presentada poco antes del inicio del juicio oral y público.
Erico Galeano fue vinculado al Operativo A Ultranza Py a través de la venta de un inmueble en el lujoso complejo Aqua Village, en la ciudad de Altos. Existen además sospechas de que habría prestado una avioneta de su empresa a miembros del esquema liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico y a Sebastián Marset. El senador es investigado por el Ministerio Público por supuestos vínculos con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
La causa del senador colorado se remonta a tres años atrás, cuando estalló en el país el caso A Ultranza Py.
En el 2022 la Secretaría Nacional Antidrogas, con la colaboración de la DEA de los Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público llevaron adelante una operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la más importante que se haya realizado en la historia de nuestro país. En la operación hubo más de 100 allanamientos, decenas de detenidos y más de USD 100 millones en bienes incautados; el operativo buscaba desarticular un esquema criminal sustentado en el tráfico de cocaína a puertos de Europa y de África y el posterior lavado de activos.
La vinculación del senador colorado se dio en el allanamiento del 26 de marzo de 2022, del inmueble ubicado dentro del complejo Aqua Village, propiedad de Miguel Ángel Insfrán, adquirida a nombre de Hugo Manuel González Ramos, ambos imputados en la causa. En este allanamiento hallaron una factura de la ANDE a nombre de Erico Galeano, lo que sugería que la propiedad era suya, y que para adquirirla utilizó USD 1 millón provistos por la banda narco. Las acusaciones incluyen la inversión de considerables sumas provenientes de actividades ilícitas, en el Club Deportivo Capiatá, del que Erico Galeano era directivo, y Sebastián Marset figuraba como jugador.
Una vez más debemos traer la memoria del obispo salvadoreño, monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando decía que la Justicia, es como las serpientes, solo muerden a los que están descalzos. Y es que después de tres años, esta causa sigue siendo mareada por chicanas y demoras. Estas chicanas no solo permiten que muchos procesos judiciales se extiendan hasta que a veces llegan a la extinción de la causa, la cual es precisamente una de las motivaciones. Lamentablemente, nuestra Justicia no ha podido evitar el abuso de prácticas como las recusaciones y chicanas.
Este ha sido desde el principio un caso sumamente complejo ya que, por un lado, hay políticos y autoridades nacionales involucradas y, por el otro, reportes de las agencias de inteligencia indican que la cocaína que llega a Europa es manejada por el PCC y responde a la mafia italiana Ndrangheta, y que el contrabando de cigarrillo usaría la misma ruta.
Esta es una presión importante que pone a prueba no solo a la Justicia, sino sobre todo a la institucionalidad del país, considerando la enorme presión de las organizaciones del crimen organizado que han ido filtrando peligrosamente la vida política y económica del país.
Estamos ante una verdadera prueba de fuego para nuestra justicia, y nuestro Estado de derecho, que tienen en sus manos un desafío contra la impunidad.
