Se trata de seis familias que están asentadas desde hace más de dos décadas en la Cerro Morado, ubicado en el distrito de San Lázaro, en el Departamento de Concepción, que denunciaron que el Departamento Anticorrupción de la Industria Nacional del Cemento (INC), a cargo del general en situación de retiro Derlis Cáceres, “les está persiguiendo”, con el argumento de que la delimitación de las reservas de la INC debe ser actualizada, lo cual implica avanzar hacia las ocupaciones.
Alcides Fariña, hijo de uno de afectados, explicó que supuestamente Cáceres es el que está impulsando el trabajo y que llegó a ingresar a la propiedad de su padre colocando nuevos mojones sin la presencia de la gente del Indert.
“Hoy se negó a reunirse con nosotros en presencia de la prensa, eso más nos llama la atención y nos hace pensar que hay algo no claro en el asunto”, dijo Fariña.
Remarcó que la ocupación de las familias data de casi tres décadas en la época del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) y que pasaron tantas directivas y nunca hablaron de que la delimitación de las reservas haya estado mal.
“Los daños serán tremendos para nosotros, ya que tenemos nuestras viviendas y algunos tienen sus canteras”, señaló Fariña.
Dos concejales departamentales llegaron al lugar para apoyar a los afectados y pidieron a la INC y al Indert que no intenten dañar a los pobladores.
“Desde que llegó este militar retirado está creando problemas a la población, pedimos al Indert y a la INC que dejen de molestar a esta gente que está legalmente asentada”, dijo el concejal departamental Santiago Ojeda.
Por su parte, Carlos González, concejal departamental, manifestó que las familias tienen el apoyo político de las autoridades ante la persecución de las autoridades de la INC.
“Acá nosotros vamos a abordar en la próxima sesión ordinaria de la Junta Departamental y ver qué acciones podemos tomar”, dijo el edil.
El general retirado Derlis Cáceres fue este jueves a la reunión, pero no llegó. Cuando vio a la prensa se negó a acudir al lugar aludiendo que no está autorizado a hablar y que el problema es entre el Indert y los pobladores. Invitado por este corresponsal a hablar sobre el tema, destacó que no hay nada que decir, ya que la gente del Indert no pudo llegar y se retiró para Vallemí.
Versión del Indert
Por su parte, el director regional del Indert, abogado Julio Morales, informó que hay un pedido de la INC para deslinde y amojonamiento de las 29.000 hectáreas cedidas al Indert según transferencia de 2001.
Agregó que la Asociación de Caleros y Mineros también presentó otra nota que pide aclarar si las ocupaciones quedan en el predio del Indert.
“Cuando dispongamos de técnicos vamos a proceder a este trabajo que tiene por objetivo delimitar las tierras del Indert y de la INC”, mencionó Morales.
