El ministro de Hacienda, Benigno López, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, brindaron este martes más detalles sobre el plan de reactivación económica que plantea el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis del Covid-19, en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.
En la oportunidad, el titular del BCP destacó que el plan no solo busca una reactivación económica, sino que implica una transformación financiera a nivel institucional.
“Además de tener ese contenido de recuperación, tiene mucha transformación para que la economía sea más competitiva por medio de compromisos más relevantes y la introducción de instrumentos que puedan ser transformadores para el futuro, y uno de ellos es el fondo para los créditos para vivienda”, expresó Cantero.
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El plan de reactivación económica denominado Ñapu’ã Paraguay tendrá tres ejes fundamentales, que son la inversión para el aumento de empleos, el financiamiento para el desarrollo y la protección social para más ingresos e integración inteligente.
Para llevar adelante el plan, el Gobierno requerirá de una inversión de USD 2.500 millones, que serán cubiertos con reasignaciones y una nueva deuda de USD 350 millones.
Se estima realizar una inversión de USD 1.330 millones en obras públicas, con lo que se espera llegar a los USD 1.663 millones en el 2020. Según las previsiones oficiales, esto generará unos 124.240 empleos directos e indirectos.
Por otra parte, la nueva deuda sería distribuida de la siguiente manera: USD 100 millones para IPS, USD 80 millones para fortalecimiento de Pytyvõ (Frontera), USD 100 millones para el MOPC, USD 40 millones para construcción de viviendas, USD 10 millones para el Fondo Ganadero y USD 20 millones para el Crédito Agrícola.
También se espera construir unas 6.000 nuevas viviendas a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con una inversión de USD 80 millones. Además, se proyecta la capitalización de diferentes instituciones financieras como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en cuatro etapas.
En cuanto a la protección social, se estima una inversión de USD 250 millones para la formalización del empleo con un Pytyvõ 2.0, lo que beneficiaría a unos 770.000 trabajadores.
Se espera mejoras en la economía
A través de todas estas propuestas se espera que la situación económica del país se estabilice, mientras que por el momento, aún se harán maniobras en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria, que requirió un endeudamiento por USD 1.600 millones para pagar principalmente salarios a estatales.
“La Ley de Emergencia está vigente para todo lo que resta del año, pero lo que tenemos previsto es que durante los próximos meses ya no vamos a usar el dinero, porque para este junio ya completamos lo que se pudo haber usado”, explicó, por su parte, el ministro de Hacienda, Benigno López.
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Consultado acerca del esfuerzo que hará el Estado, en el marco del plan de reactivación económica, el titular de Hacienda refirió que los recortes a beneficios y otros similares se mantendrán hasta fin de año, e incluso, se analiza incorporar la misma medida para el 2021.
No obstante, explicó que el PGN para el próximo año no sufrirá muchas modificaciones, sino que será similar al del año 2019.
En ese año se aprobaron aumentos salariales para docentes, jueces de paz, magistrados de primera instancia y técnicos forenses y funcionarios de la Fiscalía, así como la pensión de los veteranos del Chaco.
“En algunas entidades hay que revisar su matriz salarial, sobre todo porque pareciera que es fácil cortar, pero es difícil para alguien que ya tiene compromisos con eso”, señaló López.
El secretario de Estado aclaró que, en líneas generales, el presupuesto “va a ser austero”, ya que no hay recursos y mencionó que tratarán de ser creativos para buscar un equilibrio financiero en el Estado.
Paquete de leyes
Por otra parte, el ministro de Hacienda recordó que para llevar adelante la propuesta de reactivación también se requiere de la aprobación de otras normativas como el proyecto de ley del servicio civil, las compras públicas y la modificación a la ley de responsabilidad.
“La idea es que podamos contar con estas leyes claves y después veremos los otros —la burocracia del Estado o su organigrama—. Si tenemos suerte y diálogo, podemos tener el paquete este año, porque son claves para el proceso de transformación y para alinear la cordura fiscal”, concluyó.
