22 abr. 2026

Piden adelantar juicio a ex intendente

La Municipalidad de Lambaré, a través de sus abogados querellantes, pidió al Tribunal de Sentencia que debe juzgar a Armando Gómez a adelantar el juicio oral fijado para junio. Criticaron que ya son más de seis meses que se va postergando el juzgamiento, que se fijó primero en diciembre del 2025. En la causa se habla de un perjuicio de G. 9.317 millones a la Comuna.

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Procesado. El ex intendente está acusado de formar parte de un plan para desviar fondos de la Comuna de Lambaré

La Municipalidad de Lambaré, a través de sus abogados querellantes, pidió al Tribunal de Sentencia que debe juzgar a Armando Gómez a adelantar el juicio oral fijado para junio. Criticaron que ya son más de seis meses que se va postergando el juzgamiento, que se fijó primero en diciembre del 2025. En la causa se habla de un perjuicio de G. 9.317 millones a la Comuna.

Los abogados Félix Duré y Pablo Villalba presentaron una nota, explicando no estar de acuerdo a que se posponga el juicio oral dos meses y diez días, alegando que la causa puede extinguirse pronto, ya que pasaron siete años desde los hechos.

“Debe tenerse en cuenta las dos suspensiones producidas en la causa que totalizan seis meses de dilación, sin que se haya podido dar inicio al juicio, plazo que esta parte considera excesivo”.

¿Qué se debe juzgar? Según la investigación del fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos, en la Municipalidad de Lambaré se llegaron a anular 6.390 facturas.

Estas anulaciones llegaron a dejar un perjuicio de G. 9.317 millones y lo hicieron a través del sistema informático.

Se anulaban por día entre G. 20, G. 30 o hasta G. 40 millones.

Y justamente, Armando Gómez, siendo en el 2019 intendente de Lambaré, tendría responsabilidad en el hecho, dice la Fiscalía.

Él está acusado por supuestamente formar parte de un plan para desviar fondos de la Municipalidad de Lambaré, “diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de depósitos y remisión tardía a los bancos”.

Una vez que el contribuyente hacía el pago, se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto.

Posteriormente, al concluirse el horario laboral, se anulaban estos en el sistema informático, por usuarios que tenían el permiso para dicha operación.

Así, esos importes no ingresaban a las arcas de la Municipalidad, según la acusación de la Fiscalía.

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