Este proyecto busca la universalidad del beneficio para los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y, en uno de sus puntos resaltantes, elimina el mecanismo del censo que actualmente está a cargo de las municipalidades.
La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, fundamentó el dictamen favorable de dicho órgano asesor.
“La meta es incluir de forma anual a 30.000 nuevos adultos mayores, mínimamente. Se aplicaría la inscripción automática conforme a la ley, eliminando el censo de inscriptos, con el objetivo de la universalidad para los adultos mayores en condiciones vulnerables, a partir de los 65 años, priorizando a las personas de mayor edad”, expresó.
Luego agregó que los adultos mayores de los pueblos originarios accederían al beneficio a los 55 años.
Para la oposición así como está el proyecto puede abrirse a la especulación política, dado que si bien se elimina el censo para incluir al beneficiario, quienes cobren finalmente quedará a criterio del partido de gobierno y sus miembros. Por lo tanto, sugirieron más tiempo para aplicar cambios.