05 abr. 2026

Peña considera que ley anti-ONG no cercena derechos, pero no adelanta su definición

El presidente Santiago Peña manifestó que “desde el punto de vista legal” no encontraron “ninguna razón” para que la ley anti-ONG “signifique un retroceso o cercenar (derechos)”. Debe decidir si promulga o veta el documento.

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Peña recordó que desde el Ejecutivo levantaron su “voz de preocupación” por el texto aprobado en el Senado y plantearon cambios en la Cámara Baja que fueron aprobados.

Foto: Dardo Ramírez.

El presidente de la República, Santiago Peña, ya tiene en sus manos la cuestionada ley sancionada que aumenta el control a las organizaciones sin fines de lucro, conocida como “ley garrote”.

“Cuando tome la decisión se van a enterar”, manifestó el mandatario cuando fue consultado por los medios de prensa sobre si va a promulgar o vetar la iniciativa legislativa que ya fue sancionada hace un mes en el Congreso.

Recientemente, el medio británico Financial Times habló sobre una presión a la que se enfrenta Peña por esta normativa impulsada desde el cartismo.

Peña no se refirió explícitamente a la publicación; consideró que fue una “ley muy debatida”, pero que “nadie debería estar renuente al control”.

“Creo que el control y la transparencia son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años”, expresó el jefe de Estado.

Nota relacionada: Dicen que Peña está en una encrucijada por ley anti-ONG

En ese sentido, negó estar a favor de la persecución, de la discriminación o de cercenar derechos que están consagrados en la Constitución Nacional.

“Pero entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso también se debería aplicar”, añadió.

“Desde el punto de vista legal no encontramos ninguna razón que signifique retroceso o cercenar (derechos). Pero estamos siempre abiertos a seguir trabajando, a seguir escuchando”, agregó.

Además, recordó que desde el Ejecutivo levantaron su “voz de preocupación” por el texto aprobado en el Senado y plantearon cambios en la Cámara Baja –a los que el senador Gustavo Leite se refirió como “boludeces– que fueron aprobados.

La ley es cuestionada por su excesivo control a las organizaciones, especialmente las que trabajan con temas relacionados a la corrupción y transparencia de los órganos del Estado. En ese sentido, la oposición denuncia que se trata de una persecución para acallar a la sociedad civil.

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