Santiago Peña tiene desde ahora 20 días hábiles para promulgar o vetar y, si bien no quiso adelantar su decisión, dio a entender que no tiene motivos para objetar ni una letra. La ley fue sancionada el 9 de octubre y el Senado se demoró más de un mes en remitirla a la Presidencia. La bancada cartista alegó errores administrativos, aunque más bien se trató de una maniobra política, frecuentemente usada cuando la presión es alta.
“Cuando yo tome la decisión se van a enterar, ha sido una ley muy debatida, nadie debería estar renuente al control, creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales, que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto les llega a todos los sectores. Yo no estoy a favor de la persecución, de la discriminación, no estoy a favor de cercenar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, y voy a ser fiel custodio de eso, pero yo entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso también se debería aplicar”, manifestó el presidente.
Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Codehupy, Semillas para la Democracia y el CIRD, se preparan para que cuando la ley sea efectiva, presenten acciones de inconstitucionalidad. La normativa debe ser reglamentada por el Ministerio de Economía luego de dos semanas de su promulgación.
El principal impulsor de la ley es el senador Gustavo Leite, quien intenta replicar el modelo instalado en Hungría por Viktor Orbán, el primer ministro que mantiene una fuerte confrontación con las oenegés y que logró gran debilitamiento de la sociedad civil crítica. Sus representantes visitaron el Congreso paraguayo recientemente, invitados por el legis-lador cartista, quien además quedó evidenciado cuando se filtró un audio que envió a un grupo de WhatsApp, donde admitía que el control a fondos privados y no solo públicos generaría una ola de acciones de inconstitucionalidad.
En tanto que también la presión internacional es elevada. Varios organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), el GAFI, Amnistía Internacional, organizaciones de medios y de periodistas, emitieron alertas sobre esta ley que consideran antidemocrática.
Gina Romero, relatora de la ONU, quien había enviado una carta al presidente para advertir que la ley se aleja de los estándares internacionales, volvió a remarcar sobre el peligro de la aprobación. “Insisto que de ser adoptada la ley, pondría en grave riesgo el derecho a la libertad de asociación en Paraguay”, expresó.
El Gobierno actual de Estado Unidos, a través de su Embajada en Paraguay, dio su respaldo a las organizaciones de la sociedad civil. El oficialismo, por su parte, remitió la ley al Ejecutivo luego de un mes en coincidencia con las elecciones de Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, al que consideran aliado.
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, aseguró que no cajonearon el proyecto y que van a respetar la decisión de Santiago Peña, sea veto o promulgación. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad y que todo fluye de acuerdo con la norma.
