El tratamiento se dio luego de que el edil Carlos González (ANR-disidente), ni bien comenzara la sesión, pidiera la inclusión de dos mensajes que aludían a las resoluciones 1702 y 1741, por medio de las que se informaba sobre las dos adjudicaciones.
El pedido fue acompañado por el concejal Jesús Lara (ANR-disidente), quien aseguró que se necesitaba la homologación de la Junta para que las adjudicaciones sean efectivizadas. Su hermano, Emmanuel Lara, director ejecutivo municipal del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), precisó que la solicitud buscaba la homologación de las resoluciones de los llamados.
En los documentos aludidos por los ediles, leídos durante la sesión, se informa sobre el monto y los nombres de las seis instituciones educativas beneficiadas.
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El primer lote, que será encargado a MB Emprendimientos, de Maurizio Daniel Manavella, comprende dos instituciones: Escuela Básica Juan León Mallorquín, con G. 1.096.848.876, y Capitán Mauricio José Troche, con G. 1.122.029.280, sumando un total de G. 2.218.878.156.
El segundo lote, de G. 650.399.191, estará a cargo de Alberto Sosa Lezcano y contempla a los colegios Fernando de la Mora y Ysaty, así como las escuelas Manuel Ortiz Guerrero y San Pedro.
El edil Humberto Blasco (PLRA) observó el hecho de que los saldos dormidos del Fonacide ya debían haberse ejecutado a estas alturas. “Varias promociones debían haber recibido estos beneficios, hoy ya están todos graduados”, dijo, y pidió que los documentos relacionados con las adjudicaciones se remitieran a la Comisión del Fonacide para un mejor estudio.
Blasco aludió al caso fallido de la Plaza Naciones Unidas, cuyas obras nunca concluyeron y que incluso atrajo problemas a la Municipalidad debido, en parte, a la “debilidad financiera” de la empresa proveedora. “No hay que perder de vista la solvencia de las empresas”, refirió.
Lara, en respuesta a este pedido, aseguró que “el tiempo de adjuntar y derivar la aprobación de la resolución y la homologación a la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) culmina mañana (viernes), y el atrevimiento de tratarlo sobre tablas en esta forma es que dichas adjudicaciones se aprobaron sin ninguna denuncia de por medio”.
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Resaltó que el acompañamiento de la Junta, en este caso, podrá empujar a que las obras inicien en el periodo de vacaciones de los alumnos de las instituciones. “Si no acompañamos esto (la ejecución de las obras), sería ya al inicio del año que viene; entonces, en ese sentido es la premura del tiempo”, aseguró.
Javier Pintos (ANR-independiente), quien se abstuvo de votar por la homologación, respondió que si bien los trabajos en las escuelas son necesarios, es una falta de respeto a la Junta Municipal que se realicen estos pedidos para su aprobación a las apuradas.
“Quiero dejar constancia de que este es el tipo de prácticas que lamentablemente hoy se está repitiendo y que no hay justificativo de que lleguemos a este vencimiento en la víspera”, dijo, aludiendo nuevamente al caso de la empresa que estuvo detrás de las obras en la plaza del barrio Mburicaó.
“Esto está mal. La Junta acompaña todo lo que sean instituciones educativas, pero no nos pueden poner en ese plazo sin poder revisar siquiera los informes y comprobar de que sean así”, reclamó, y apuntó al hecho de que se entreguen G. 2.000 millones a una empresa unipersonal de la que no se conocen referencias.
Plazo de la DNCP se acortó por “sobrecarga laboral”
Diana Cabrera, jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 3) de la Intendencia, explicó que para el primer llamado, ID 469254, se presentaron dos empresas. La primera, de Sosa Lezcano, no fue aprobada porque “la cédula de identidad (del propietario) estaba vencida, entonces directamente fue descartada, porque es uno de los requisitos sustanciales establecidos en el pliego”.
La siguiente oferta, de MB Emprendimientos, fue sometida a análisis por un comité evaluador y se halló que los precios de la empresa “estaban dentro de los márgenes establecidos en el pliego de bases y condiciones”.
“Esta empresa presenta unos precios bastante racionales y ajustados a lo que son los precios de mercado. También se analizan la parte técnica, equipos y personal, los cuales fueron acreditados con documentos debidamente presentados al comité evaluador”, explicó Cabrera.
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En cuanto a la segunda adjudicación, ID 449.012, también hubo dos oferentes, pero se aprobó “la oferta con menor precio, la de Sosa Lezcano”. El problema con la cédula del propietario, a estas alturas del llamado, ya fue subsanado, según Emmanuel Lara.
Cabrera también informó que la empresa “tiene un antecedente con la gente de Fonacide en periodos anteriores, por un monto de G. 3.800 millones”. Añadió que la Dirección de Recaudaciones no halló ningún incumplimiento de los haberes por parte de la firma.
Con relación al plazo de vencimiento para la homologación, la funcionaria respondió que “lastimosamente cada vez la DNCP acorta un poquito más, justamente por la sobrecarga laboral que ellos tienen”.
“A nivel país esto es, no solamente nosotros estamos sobre la hora. Es una disposición de ellos que muchas veces sus tiempos no condicen con los nuestros”, expuso.
El dictamen por la aprobación de las resoluciones contó con 11 votos a favor. Solo hubo 6 votos por la devolución de los mensajes a la referida comisión.
