El Centro de Ética Social, ante los recientes giros procesales en el caso del yerbatero Vidal Brítez y la alarmante situación ambiental en Paso Yobái, emitió un manifiesto al respecto.
“Desde marzo hasta octubre de 2025, el Ministerio Público sostuvo con vehemencia la participación directa del productor de yerba mate Vidal Brítez en hechos punibles. Hoy, esa hipótesis se ha desmoronado ante la evidencia técnica: los registros de localización confirman que Brítez no se encontraba en el lugar”, expresa.
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Ante eso, sin embargo, denuncia que los fiscales decidieron cambiar la carátula de acusación por el de “instigación”, lo cual eleva las sospechas de utilizar la justicia como arma para acallar voces de protesta, pretendiendo convertir un justo reclamo en un hecho punible.
Asimismo, expone el peligroso giro acusatorio hacia la “instigación”, basado solo en declaraciones de empleados de las mineras denunciadas.
“Manipular la verdad judicial para proteger intereses económicos, es una afrenta a la dignidad humana y atenta contra el bien común de la justicia”, expresa.
“De este modo, el concepto de Justicia se deforma para perseguir al inocente y proteger a quienes realmente producen daño, se vacía de contenido el Estado de Derecho y se utiliza la ley como una herramienta de dominación y no de servicio. En este sentido, el Papa Francisco ya testimoniaba claramente: ‘Se utilizan mecanismos de manipulación de los conceptos para que signifiquen lo que a los poderosos les convenga’ (Fratelli tutti, 14)”, recalca.
Entre tanto, asegura que la manifestación de los afectados por el uso del cianuro, sin los cuidados necesarios, es la respuesta desesperada de un pueblo a la impunidad ambiental.
“Cuando la ley protege al contaminador y persigue al denunciante, la Justicia ha dejado de ser un servicio para convertirse en un arma”, refiere el comunicado.
“Recordamos que ‘no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren un enfoque integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, para cuidar la naturaleza (Laudato si, 139)”, destaca.
En ese sentido, sostiene que desde el 2024, en la causa 1223/2024, productores yerbateros denunciaron la mortandad de peces y la alteración del arroyo Gasory ante un silencio cómplice del Ministerio Público.
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“Mientras tanto, se acelera la criminalización de los líderes sociales, ‘evidencia que los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente’ (Laudato si, 56)”, menciona.
El manifiesto sostiene que el veneno ignora fronteras cuando no se tiene cuidado en su uso, en el apresuramiento de la ganancia.
“La reciente hospitalización de un vecino por intoxicación con cianuro, cuya vivienda se encuentra en la proximidad de una explotación minera, es la prueba irrefutable de que el extractivismo desenfrenado vulnera el derecho a la vida, ‘porque cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación’ (Laudato si, 30)”, sostiene.
De igual manera, recalca que el cianuro en nuestra tierra no solo aniquila la fauna, sino que envenena el futuro de nuestras familias.
En tal sentido, exigen al Poder Judicial velar por la imparcialidad, ya que una justicia que muta cargos arbitrariamente cuando pierde pruebas es una justicia que persigue, no que protege.
También al Ministerio Público piden investigar con rigor científico la contaminación y detener la persecución política bajo la figura de “instigación”.
A las autoridades locales y al clero les solicitan abandonar la pasividad. “Ser testigos mudos de la intoxicación de su pueblo los convierte en parte del problema. Con los obispos exigimos “promover la formación en justicia restaurativa y cultura del encuentro dentro de nuestras comunidades y pastorales (Carta Pastoral, 2026)”, remarca.
Finalmente, insta a la academia (universidades de la zona) piden que asuman su rol social mediante la investigación técnica independiente sobre el impacto de la explotación minera, capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de control, amparo y denuncia que la propia Constitución le otorga.
“Felicitamos y nos solidarizamos con los miembros de la Pastoral Social de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, quienes, encarnando el espíritu de la Iglesia, acompañan a los pobladores en su legítimo reclamo”, finaliza.
