El denunciante, José Kuibida, sostuvo que la planta, identificada como parte del proyecto de lixiviación de minerales metálicos perteneciente a Alberto Silva González y Fernando Kosian Martínez, opera a unos 30 metros de su casa, pese a que, según afirma, la normativa exige una distancia considerablemente mayor para este tipo de actividad. La acción fue promovida por su abogado, Victoriano Riquelme Jara.
Kuibida debió ser internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), donde recibió diagnóstico de “exposición probable a cianuro”, de acuerdo con la documentación médica adjuntada a la denuncia.
El afectado asegura que la intoxicación se produjo en su domicilio, donde, según refiere, percibía olores y emisiones provenientes de la planta.
El proyecto minero utiliza cianuro de sodio para la extracción de oro, un compuesto altamente tóxico cuya manipulación requiere estrictos controles ambientales y de seguridad. La denuncia sostiene que existirían irregularidades en el tratamiento y almacenamiento de los residuos químicos generados por la actividad.
El caso no sería nuevo. Según el escrito presentado ante el Ministerio Público, la víctima ya había manifestado previamente su inquietud y formulado reclamos por la cercanía de la planta y los posibles riesgos ambientales, sin que, según su versión, se hayan adoptado medidas correctivas.
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El denunciante, José Kuibida, sostuvo que la planta, identificada como parte del proyecto de lixiviación de minerales metálicos perteneciente a Alberto Silva González y Fernando Kosian Martínez, opera a unos 30 metros de su casa, pese a que, según afirma, la normativa exige una distancia considerablemente mayor para este tipo de actividad.
Lo más preocupante, luego de conocerse el diagnóstico médico, es que el ciudadano no podrá acercarse a su vivienda por recomendación médica, ya que se de ser así, se expone a otra posible intoxicación.
El abogado solicitó el allanamiento del inmueble, la incautación de elementos vinculados a la actividad y otras diligencias investigativas.
La Fiscalía deberá determinar si existieron hechos punibles y eventuales responsabilidades penales, en un contexto en el que recientemente se había anunciado un proceso de transformación de la explotación minera en la zona, con la promesa de reforzar los controles ambientales. La nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa la actividad extractiva en el Guairá.
